"Aplazan audiencia de José Luis Martínez Romero, ex funcionario de Turismo"
José Luis Martínez Romero, ex director del departamento administrativo de la Secretaría de Turismo, inició su proceso penal por las acusaciones de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
De acuerdo con la defensa de Martínez Romero, él se presentó ante un juez para iniciar el proceso, pero fue hasta las 16:00 horas de ayer cuando se les notificó que la audiencia se desarrollaría este miércoles a las 11:30 horas.
En la audiencia se le otorgó el expediente para que lo revisarán y así poder basar su defensa, pero los abogados pidieron hasta 48 horas para su lectura.
El juez, después de un receso determinó que sólo tienen 24 horas para leer el expediente.
La audiencia se aplazó para el jueves 30 de noviembre, por lo que será hasta ese momento en que se conozca si Martínez Romero tendrá un proceso penal para un juicio.
Él, por su parte, expresó que se sentía agraviado por las acusaciones, pero que cree que puede demostrar su inocencia.
La Fiscalía General del Estado lo acusa de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
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En esa acusación, establecieron, la sostienen luego de la revisión de 41 facturas por un monto acumulado de 8 millones 651 mil 798.52 pesos.
Ese dinero se debió utilizar para pagar las campañas vacacionales denominadas "Campaña Delta Vacations 2016", "Campaña Canwest 2016", y "Campaña Continental Airlines", pero aunque hubo facturas a presuntos proveedores, no se tenía evidencias ni campañas.
La Auditoría abrió la investigación y dentro de ella señaló a Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de Turismo, a José Luis Martínez Romero, ex jefe del departamento administrativo de Turismo, y al propio Lizárraga Favela.
A éste último se le incluyó por haber permitido que se hiciera ese gasto sin advertirlo, para que la Fiscalía General y la Secretaría de Transparencia del Gobierno de Sinaloa hicieran algo al respecto.
La Secretaría de Transparencia fue la primera en actuar, con la imposición de sanciones importantes.
A Lizárraga Favela se le dieron 30 días de suspensión sin goce de sueldo, a Martínez Romero una inhabilitación por seis meses, y a Pineda Ochoa una inhabilitación por ocho años del servicio público y 12 millones 977 mil 697 pesos.
La Fiscalía General continuó con las investigaciones y concluyó que era necesario abrir un proceso penal, con el fin de obtener sentencias por los posibles actos de corrupción.
