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Poder Legislativo

Auditoría Superior de Sinaloa tiene 41 solicitudes para auditar entes estatales

Entre solicitudes ciudadanas para la revisión de los ejercicios de entes estatales, así como por parte del Congreso, la ASE tiene 41 posibles auditorías específicas a realizar, recientemente se terminó la de la Escuela Normal de Sinaloa, en la que hay 6 millones 700 mil pesos posibles a recuperar

Son 41 las auditorías específicas solicitadas y posibles a realizar por la Auditoría Superior del Estado, informó la titular Emma Guadalupe Félix Rivera.

De éstas, 27 fueron pedidas por el Congreso de Sinaloa y 10 por parte de denuncias ciudadanas, además, especificó que solo se trata de los tres poderes o entes estatales, sin contar las que sean pedidas a municipios.

“Tenemos ahorita 41 posibles auditorías específicas por denuncias, estoy hablándoles, señores, de otro PAVI y que también aquí se dijo, otras auditorías en el país, no toman las específicas y las programan en el momento en que son presentadas, las dejan para el siguiente programa anual de auditorías”, expuso la auditora.

La revisión del hangar de gobierno, por la opacidad en el uso de las aeronaves estatales, es la única que se realizará hasta el primer trimestre de este año, mientras que las demás auditorías versan en diferentes ejercicios fiscales.

“No tenemos plazo y si alguna de ellas abarca dos ejercicios o tres ejercicios, hay una que está grandecita, me informaba la auditora, no podríamos decirlo, otras son más sencillas porque es muy específico el punto a revisar, todo depende de todo lo que se va encontrando”, explicó sobre el tiempo para conocer los resultados.

Un ejemplo de auditoría específica fue el que se realizo a la Escuela Normal de Sinaloa, donde se encontraron irregularidades y derivaron en 34 pliegos de observaciones, equivalentes también a un monto posible por recuperar de 6 millones 709 mil 848 pesos, originado principalmente por pagos improcedentes a trabajadores los cuales no acreditaron haber laborado, así como por no reunir los requisitos de escolaridad y/o años de experiencia establecidos en la normatividad; pagos de diversos conceptos, sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto y; pagos de categorías de personal que no se encuentran autorizadas.

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