Aumentan 46.7% agresiones contra periodistas y activistas en Sinaloa tras ola de violencia
Las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos aumentaron 46.7 por ciento en Sinaloa después de septiembre de 2024, cuando comenzó una nueva etapa de violencia en la entidad, de acuerdo con los registros del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Entre septiembre de 2024 y julio de 2026, el organismo documentó 166 agresiones, mientras que en los 25 meses anteriores, de agosto de 2022 a agosto de 2024, registró 123.
Aunque el segundo periodo comprende dos meses menos, el promedio mensual pasó de 4.92 a 7.22 agresiones, un incremento de 46.7 por ciento.
Los datos forman parte del cuarto Informe Anual de Actividades del Instituto, que comprende información histórica desde el inicio de operaciones del instituto, y permiten observar un cambio en las condiciones de riesgo para ambos gremios a partir del inicio de la confrontación entre grupos del crimen organizado en Sinaloa.
AMENAZAS, PRINCIPAL FORMA DE AGRESIÓN
Durante el periodo de agosto de 2025 a julio de 2026, el Instituto tramitó 98 expedientes e incidencias relacionados con posibles agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Las amenazas fueron la modalidad más recurrente, con 39 casos, equivalentes al 39.8 por ciento del total.
El registro también incluye conductas que buscan inhibir el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos, como descalificaciones de la labor, intimidaciones en domicilios y obstáculos para realizar actividades informativas.
Sin embargo, también se documentaron agresiones de mayor gravedad, entre ellas ataques físicos, amenazas con armas de fuego, disparos contra vehículos y domicilios, privaciones de la libertad, desapariciones y privaciones de la vida.
Respecto al perfil de los presuntos agresores, 39 expedientes, equivalentes al 40 por ciento, señalaron a particulares presuntamente vinculados con actividades criminales.
Otros 34 casos, el 34 por ciento, correspondieron a particulares sin vínculo criminal aparente.
En conjunto, los servidores públicos fueron señalados en el 26 por ciento de los expedientes, con participaciones atribuidas a funcionarios armados, municipales, estatales y federales.
CULIACÁN CONCENTRA CUATRO DE CADA 10 CASOS
La distribución territorial de las agresiones también muestra una concentración en los principales municipios de Sinaloa.
Culiacán encabezó los registros con 40 expedientes, equivalentes al 41 por ciento del total. Le siguió Mazatlán, con 19 casos; Ahome, con 14, y Guasave, con ocho.
También se documentaron incidencias en Navolato, Concordia, Angostura, Elota, Escuinapa, Juan José Ríos, Cosalá y El Rosario.
En cuanto a los sectores afectados, el registro histórico del Instituto, de agosto de 2022 a julio de 2026, contabilizó 289 agresiones: 145 contra periodistas y 144 contra personas defensoras de derechos humanos.
El organismo también reportó 388 personas beneficiarias de medidas de protección desde su creación, de las cuales 179 son defensoras de derechos humanos, 166 periodistas y 43 familiares.
La composición de las personas beneficiarias muestra diferencias por gremio. Entre las personas defensoras predominan las mujeres, con 133 de las 179 beneficiarias, mientras que en el sector periodístico los hombres representan la mayoría, con 126 de 166 personas protegidas.
MIL 845 MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Ante las agresiones documentadas, el Instituto informó que ha dictado mil 845 medidas específicas de protección desde agosto de 2022 hasta julio de 2026.
De estas, 792 fueron preventivas, 621 de protección, 301 de atención integral y 131 de urgente protección.
Entre las acciones implementadas se encuentran asesorías jurídicas, guías de seguridad digital, manuales de autoprotección, cámaras de vigilancia en domicilios y vehículos, rondines policiales, botones de emergencia, escoltas y apoyos económicos.
En el rubro de atención integral se contabilizaron 257 apoyos económicos de ayuda social, principalmente para alimentación, pago de servicios básicos y renta temporal de vivienda.
El Instituto señala en su cuarto informe que la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos constituye una obligación institucional vinculada con la garantía de derechos fundamentales, debido a que las agresiones relacionadas con sus actividades también afectan el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de derechos.