Autonomía no es permiso para cometer delitos, dice Inzunza Cázarez sobre la UAS

El concepto de autonomía no dota a las instituciones con la facultad de no rendir cuentas o cometer delitos, expuso el Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez.

Estos comentarios fueron realizados con relación a su opinión sobre el caso de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa acusadas de delitos sobre su actuar en compras con recursos públicos.

“La autonomía no significa permiso para cometer delitos. Es principio constitucional básico que todo órgano que administra recursos públicos tiene que dar cuenta de ellos, y el mal ejercicio de los recursos públicos debe ser ejercido o sancionado”, mencionó.

Sobre su opinión acerca de los señalamientos del Rector Jesús Madueña Molina que señaló que el Gobierno de Sinaloa ha orquestado una persecución en su contra, Inzunza Cázarez deslindó al Estado.

“Se llama Estado de Derecho. El Gobernador lo ha dicho aquí, no hago más que repetir sus palabras, uno de los principios básicos de este gobierno es la lucha contra la corrupción”, dijo.

El Rector de la UAS Jesús Madueña Molina y el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, junto con el Comité de Adquisiciones de la institución educativa, se encuentran acusados por los delitos de ejercicio indebido y función irregular de la función pública.

El pasado 21 de julio se citó a los señalados a la primera audiencia, en dónde momentos previos a iniciar Madueña Molina acusó que el juez que lleva el caso se encuentra siguiendo instrucciones del Gobierno de Sinaloa.

“Un Gobernador que da las órdenes, una Fiscalía que obedece, y jueces a modo porque están a la orden de Enrique Inzunza Cázarez”, dijo el Rector.


PROCESO PENAL NO TIENE RELACIÓN CON RECHAZO A LA LEY DE EDUCACIÓN

El Rector Jesús Madueña Molina ha acusado que los procesos penales en su contra corresponden al rechazo de la Ley General de Educación Superior por parte de las autoridades de la UAS, a lo que Inzunza Cázarez explicó que corresponden a un proceso natural de la presunta comisión de delitos.

“En el caso de la Universidad lo que tenemos son dos temas: por un lado tenemos que el Congreso del Estado hubo aprobado una Ley de Educación Superior que en algunos preceptos ha sido cuestionada, lo cual es comprensible, y ha sido impugnada”, mencionó.

“Pero también tenemos otro tema, que tiene que ver con investigaciones periodísticas, y han documentado que existen conductas desapegadas del marco normativo que las rige. Compras irregulares, compras simuladas. La fiscalía tiene el deber de integrar carpetas de investigación, de tal manera que las carpetas de investigación se abren por denuncia o se inician cuando se sabe la comisión de un delito”.

La Ley General de Educación Superior fue aprobada por el Congreso local a finales de febrero, lo que provocó impugnaciones por parte de autoridades de la UAS quienes acusaron irregularidades en la misma.