Avala Congreso reformas para atender salud mental y autismo en escuelas de Sinaloa
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a las leyes de Educación, Salud Mental y de Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, con las que se obliga al Estado a atender la salud mental de estudiantes y capacitar al personal docente en trastornos del neurodesarrollo, incluido el autismo.
Las modificaciones, impulsadas por el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Sinaloense, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, buscan establecer protocolos ante crisis emocionales derivadas de violencia escolar, inseguridad pública y otros factores, además de promover el autocuidado y el aprendizaje socioemocional como eje transversal en los planteles.
En la Ley de Educación se añadió una fracción al artículo 11 para integrar la salud mental en los servicios educativos. También se agregaron cinco artículos al 113 Bis que obligan a la autoridad educativa estatal a coordinarse con la Secretaría de Salud y el Instituto Sinaloense de Salud Mental para ofrecer atención integral a los alumnos.
Los resultados de las evaluaciones serán confidenciales, preventivos y no punitivos, y solo se usarán para canalizar a los estudiantes a servicios especializados.
En la Ley de Salud Mental se reformó la fracción II del artículo 45 para ampliar la propuesta de contenidos sobre educación socioemocional y salud mental en planes de estudio para niñas, niños y adolescentes.
A la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista se le agregó la fracción X Bis al artículo 8, que establece la obligación de promover programas de formación y capacitación a docentes y directivos en salud mental, aprendizaje socioemocional, autocuidado y trastornos del neurodesarrollo, incluido el espectro autista.
Las reformas tienen como fin que el Estado garantice un desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, priorizando su salud física, mental e intelectual desde las instituciones educativas.
Entre las acciones contempladas están: campañas de difusión con uso de tecnologías, evaluaciones psicoemocionales periódicas con consentimiento de padres o tutores, y la creación de áreas de atención con psicólogos o trabajadores sociales en escuelas de educación básica y media superior, sujetas a disponibilidad presupuestal.
