Avanza en el Congreso de Sinaloa iniciativa de Rocha Moya que busca eliminar la CEAIP
El Gobernador Rubén Rocha Moya presentó esta semana una iniciativa ante el Congreso del Estado, proponiendo una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El martes, las y los diputados dieron lectura a la propuesta en el pleno, y este jueves fue enviada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y la de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana para su análisis y dictaminación.
Uno de los puntos que contiene esta iniciativa es la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.
De aprobarse, sus funciones serían transferidas a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en un plazo de 20 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto.
La iniciativa también establece que los servidores públicos de la CEAIP que deban presentar su declaración patrimonial y de intereses deberán hacerlo a través de los sistemas de esta Secretaría.
En esta iniciativa también se plantea que cambiaría la forma en que se garantiza el acceso a la información pública en el Estado, ya que esta función sería ejercida por un organismo dependiente de la propia Secretaría de Transparencia del Poder Ejecutivo.
De aprobarse, sería el mismo Poder Ejecutivo quien tenga las facultades de revisar el manejo de los recursos públicos y determinar si son utilizados correctamente o no.
Además, esta iniciativa contempla la obligación de las dependencias de publicar información de manera periódica en sus portales, por lo que el Gobierno del Estado estará obligado a mostrar el manejo de los recursos públicos a la población, así como a atender las solicitudes ciudadanas a través de plataformas oficiales.
El Poder Ejecutivo argumenta que esta iniciativa solo cambia de lugar a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, pero no sus funciones.
Sin embargo, esta propuesta ha generado preocupación en diferentes organismos de acceso a la información y en la población, ya que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo podría asumir tanto la administración como la supervisión del uso de los recursos públicos.
