Ayuntamiento de Mazatlán gastó en chamarras dinero para servicios públicos, señala ASE

CULIACÁN._ El municipio de Mazatlán adquirió 300 chamarras color azul táctico modelo policial para personal de la Secretaría de Seguridad Pública por un monto de 970 mil 572 pesos, con recursos destinados para atender los servicios públicos de la ciudad, hecho que ya fue señalado por la Auditoría Superior del Estado.

Al revisar la subcuenta 5127-2-271001 correspondiente a “Vestuario y Uniformes”, detectaron la transacción en favor de CSI Tactical an Balistic S.A de C.V., con la póliza de diario DD0000524 referente a la compra de las prendas.

La operación fue efectuada el 29 de diciembre del 2022, según el Comprobante Fiscal Digital por Internet número 19446445311B, el cual entregó el municipio a la ASE.

Estas chamarras se pagaron al día siguiente, 30 de diciembre, de acuerdo con la póliza de egreso EHS0000048, mediante transferencia bancaria número 301212, con remitente 0118151008 FAIS, suscrita a nombre del municipio mazatleco.

Así, cada chamarra tuvo un costo unitario de 3 mil 235.24 pesos.

Dentro del resultado número 81, la ASE presume que el total de la inversión fue un daño a la Hacienda Pública Federal, pues el dinero utilizado era parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el cual no contempla este tipo de compras.

“Son improcedente, toda vez que no se destinaron para los objetivos de los recursos del fondo, mismos que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación”, establece el pliego de observaciones AECF-MUN-0282023-2022-PO-81-18.

Según detalla la página del Gobierno Federal, el Faismun, derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, contempla hasta ocho rubros para invertir dicho recurso: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, urbanización, mejoramiento de vivienda, así como infraestructura básica de los sectores educativo y de salud.

“En el caso de que la presente acción no sea atendida en la etapa de seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables”, advierte la ASE en su promoción de responsabilidad administrativa.