Buscan tipificar como delito uso de blindaje en vehículos y destrucción de cámaras de videovigilancia
CULIACÁN._ Presentaron iniciativas al Congreso del Estado de Sinaloa para tipificar como delito el uso de blindaje en vehículos particulares, así como la destrucción de cámaras de videovigilancia utilizados por las fuerzas de seguridad pública.
En distintas iniciativas se plantean modificaciones al Código Penal para incluir como conducta ilícita la fabricación, comercialización e instalación de blindaje en vehículos particulares, sin contar con autorización para ello.
En este sentido, la propuesta de reforma retomó el caso de un taller clandestino hallado en marzo del 2024 en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, en el que blindaban automóviles que luego serían utilizados por grupos del crimen organizado.
“El particular que desee blindar su vehículo deberá realizarlo en alguna de las empresas que operan en nuestro país en estados como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Querétaro, que se encuentren debidamente registradas ante la Secretaría de Gobernación”, advierte el documento.
Para este delito, catalogado dentro del artículo 250 Bis del Código Penal, la propuesta es fincar sanciones de cinco a 15 años de prisión y de 350 a 500 días de multa.
Dentro de otra iniciativa, se busca una reforma al artículo 293 Bis, en los que se consideran como “Delitos contra las actividades de las instituciones de seguridad pública”, para catalogar como delito la destrucción de las cámaras de videovigilancia utilizadas por las autoridades.
“Los delincuentes atacan el sistema de videovigilancia principalmente para sabotear los esfuerzos de las autoridades por monitorear sus actividades ilícitas y mantener el control en zonas clave. La destrucción de estas cámaras reduce la capacidad de vigilancia del estado y la eficiencia de los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública al quedar parcialmente “ciegos”, lo que permite a los grupos delictivos operar con mayor libertad sin temor a ser grabados o identificados”, expone la idea de reforma.
Por esta conducta, la reforma presentada al Legislativo sugiere una pena que vaya desde cuatro años y seis meses hasta los 15 años de cárcel, sumado a una sanción económica de mil a dos mil días de sueldo de los sentenciados.
La justificación para modificar el Código Penal en esta materia, según la iniciativa, radica en que los atentados contra la infraestructura de videovigilancia son sistemáticos, lo que ha forzado una inversión aproximada de 40 millones de pesos por parte del Gobierno entre 2016 y 2024 para reponer estos equipos dañados.
