Casi la mitad de Sinaloa vive bajo silencio informativo por violencia y omisión institucional, revela Iniciativa Sinaloa
CULIACÁN._ Casi la mitad de los municipios de Sinaloa operan bajo condiciones de silencio informativo debido al control criminal y el abandono gubernamental, reveló la investigación “Voces en resistencia: libertad de expresión y zonas silenciadas en Sinaloa”, elaborada por Iniciativa Sinaloa con el respaldo de la Embajada de Noruega en México.
Dicho trabajo analiza las condiciones actuales del periodismo en el estado y las consecuencias del silenciamiento en la vida democrática.
El estudio, presentado este viernes en Culiacán, señala que en los municipios de Concordia, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Navolato, Escuinapa, Cosalá, Rosario y Sinaloa de Leyva la violencia criminal, la censura institucional y el abandono gubernamental han convertido estas zonas en territorios donde informar es una actividad de alto riesgo.
La investigación parte del concepto de “zonas silenciadas”, desarrollado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, para describir territorios donde la violencia y las agresiones contra periodistas provocan un colapso del derecho a la información.
En Sinaloa, señalaron, este fenómeno se agrava por un “doble cerrojo”, que es el control del crimen organizado y las prácticas de censura institucional, que incluyen falta de acceso a información pública, presiones políticas y manejo discrecional de la publicidad oficial.
La investigación se desarrolló en un contexto de recrudecimiento de la violencia, con una crisis de seguridad que estalló en septiembre de 2024 por el enfrentamiento entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, el cual ha derivado en asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, afectando directamente el trabajo de la prensa.
En la charla posterior a la presentación, periodistas advirtieron que el silenciamiento informativo en Sinaloa no solo proviene del crimen organizado, sino también de prácticas institucionales que limitan la libertad de expresión.
Belém Angulo, reportera de Noroeste, señaló que el periodismo en el estado enfrenta un escenario donde la ausencia de seguridad, la falta de acompañamiento social y las restricciones impuestas por autoridades hacen imposible cubrir ciertas regiones.
“Ahí se trastoca la labor periodística, pues no puede ser una labor completa, si está haciendo fiscalizada por funcionarios públicos, si están al pendiente de qué estás haciendo entrevistas o cómo puedes abordar los temas ya desde ahí hay una afectación a la libertad de expresión”, apuntó.
“Con eso recupero que justo cuando se habla de zonas silenciadas lo primero que pensamos es que los agresores en estos espacios suelen ser miembros del crimen organizado y no es así, quienes construyen estos vacíos informativos también son funcionarios públicos con estrategias que se pagan con nuestros recursos públicos”.
Agregó que el estudio revela municipios sin periodistas activos, un indicador de irresponsabilidad estatal al no garantizar condiciones mínimas para ejercer el oficio.
Angulo destacó que las censuras no solo se ejercen con violencia, sino también mediante presiones políticas, bloqueos informativos o vetos, prácticas que se financian con recursos públicos y que profundizan los vacíos informativos.
Advirtió que cuando se calla a un periodista, se anula el contrapeso necesario frente a narrativas oficiales y criminales que debilitan la vida democrática del estado.
“Las censuras obligadas pueden ocurrir, no sólo con violencia física, sino con presiones políticas, presiones económicas, con negar una entrevista a un miembro del gremio o vetar a un periodista en espacios donde tiene que estar informando”, resaltó.
Para documentar este impacto, Iniciativa Sinaloa realizó análisis de medios en los 20 municipios; una revisión de 922 periodistas y 221 medios registrados ante el mecanismo de protección; 32 entrevistas en profundidad y el diseño de una escala de silenciamiento con cinco niveles aplicada a cada municipio.
En contraste, a los hallazgos de condiciones de silencio informativo en otros municipios, en Culiacán, Mazatlán y Ahome concentran más del 84 por ciento de la actividad periodística, lo que genera un desequilibrio regional: mientras las ciudades mantienen cierto flujo informativo, la vida en comunidades rurales y serranas queda completamente fuera de la agenda pública.
La centralización también impacta la diversidad de contenidos.
Según el estudio, 86 por ciento de los medios en Sinaloa opera únicamente en plataformas digitales y la mitad reproduce narrativas oficiales.
Solo 6 por ciento realiza periodismo de investigación, y temas como corrupción, derechos humanos, seguridad y narcotráfico han sido eliminados de la cobertura en varias regiones.
El miedo como regulador del discurso
Los testimonios recogidos describen un escenario donde la autocensura es una medida de supervivencia.
En zonas rurales, reportear implica pedir “permisos” informales a grupos armados o limitarse a publicaciones superficiales.
En zonas urbanas, la censura opera en forma de exclusión de publicidad oficial, negación de entrevistas, bloqueo de información o campañas de desprestigio.
La investigación concluye que la violencia y la impunidad han configurado un entorno donde tanto actores criminales como instituciones públicas contribuyen al silenciamiento, dejando a la ciudadanía sin información esencial para exigir derechos o tomar decisiones.
Resistencia en medio del riesgo
Pese al panorama adverso, “Voces en resistencia” documenta prácticas de resiliencia entre periodistas con redes de acompañamiento, estrategias de autoprotección y apoyo de organizaciones civiles que han permitido mantener viva la labor informativa en territorios donde el riesgo es permanente.
Una herida para la democracia
El estudio advierte que la ausencia de información afecta directamente la defensa de derechos humanos y debilita las luchas de colectivos, buscadoras y comunidades desplazadas.
En regiones donde la prensa ha sido desmantelada, el crimen organizado no solo controla el territorio, sino también la narrativa pública mediante propaganda y desinformación.
Iniciativa Sinaloa propone fortalecer los mecanismos de protección, combatir la impunidad en agresiones a periodistas y promover el desarrollo de medios locales independientes con perspectiva de derechos humanos.
