CEDH emite recomendación para atender desplazamiento forzado en Sinaloa
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa emitió una serie de recomendaciones a los tres poderes de Gobierno en el Estado y los 18 municipios para que, desde cada uno de sus ámbitos, garanticen los derechos de las personas que son sobrevivientes de desplazamiento forzado debido a conflictos bélicos.
La recomendación general 02/2022 que fue emitida por la CEDH se desprende del análisis de 17 expedientes en los que se documenta que el desplazamiento forzado interno en Sinaloa vulnera diversos derechos humanos de las víctimas, tales como el acceso a la salud, a la educación, el derecho a la propiedad y a la seguridad.
“La situación que prevalece en Sinaloa con respecto al desplazamiento forzado interno hizo que la Comisión emitiera el día 28 de noviembre de este año una recomendación general dirigida a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a los 18 gobiernos municipales. La naturaleza misma de una recomendación general es la de generar una cultura de respeto a los derechos humanos en la entidad, señalando las principales violaciones a los derechos humanos detectados y proponer a las autoridades del estado para que promuevan cambios”, detalló el presidente de la Comisión José Carlos Álvarez Ortega.
“El sustento de esta recomendación fue un análisis jurídico realizado a 17 expedientes tramitados ante esta Comisión, así como informes rendidos por autoridades estatales y municipales en los que se advirtió que en algunos municipios de Sinaloa prevalece una situación de desplazamiento forzado interno de personas que transgreden sus derechos humanos, particularmente su derecho a la circulación y residencia”.
Dentro de la recomendación se enlistan 10 acciones particulares para que las autoridades pertinentes garanticen los derechos humanos de las personas desplazadas.
En un primer punto se recomienda que se realice un diagnóstico que permita conocer la situación actual de inseguridad en los municipios y comunidades donde se ha presentado el fenómeno de desplazamiento forzado interno, además que se elabore y aplique un protocolo de seguridad para disminuir los índices de inseguridad en dichos municipios.
Por otra parte se solicita que se elaboren y apliquen programas para que las personas desplazadas tengan acceso a las herramientas para subsistir, y se elabore un programa de acceso a viviendas adecuadas o la aplicación de subsidios de arrendamiento.
En cuanto a salud, se solicita que el Gobierno priorice la atención de salud integral para las personas que se encuentran en calidad de desplazadas; y en educación se exhorta a generar planes y programas para la atención de estos grupos.
A la Fiscalía se le solicita realizar las acciones de investigación necesarias para esclarecer los hechos de violencia que generan el desplazamiento, actuando con la debida diligencia y bajo los estándares desarrollados por los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Y en cuanto a las gestiones competentes al poder Legislativo se solicita que se cuente con el Programa Estatal para la Atención de Personas Desplazadas en términos de la Ley, crear el Registro Estatal de Personas Desplazadas por causa de la violencia en términos de la Ley, e incluir en las sucesivas Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado el Fondo Especial para la Atención de Personas Desplazadas por la Violencia.
De acuerdo con registros del Gobierno del Estado, en Sinaloa hay cerca de 4 mil familias en situación de desplazamiento forzado. El tema es atendido por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, que en colaboración con la Comisión de Vivienda de Sinaloa, organizan un programa de dotación de terrenos o viviendas para las personas sobrevivientes de desplazamiento.
