CEDH exhibe fallas de la FGE: mantuvieron dos años en el Semefo cuerpo de víctima de desaparición en Sinaloa
Durante más de dos años, una madre buscó a su hijo desaparecido mientras su cuerpo permanecía bajo resguardo del Servicio Médico Forense en Culiacán.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa concluyó que la Fiscalía General del Estado incurrió en omisiones, dilaciones y negligencia que impidieron identificar oportunamente a la víctima y notificar a su familia.
La historia quedó plasmada en la Recomendación 5/2026 emitida por la CEDH contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, luego de analizar el expediente derivado de la queja presentada por la madre de la víctima.
De acuerdo con el documento, la desaparición fue denunciada en septiembre de 2022 ante la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas Región Centro.
La madre relató que, tras interponer la denuncia, proporcionó muestras de ADN para realizar confrontas genéticas con cuerpos sin identificar resguardados por el Semefo. Sin embargo, aunque la solicitud para realizar el estudio genético fue emitida desde octubre de 2022, la prueba no fue procesada sino hasta febrero de 2024.
La investigación de la CEDH acreditó que el cuerpo de la víctima había ingresado al Servicio Médico Forense de Culiacán el 8 de septiembre de 2022 y que ese mismo día se tomaron muestras para obtener el perfil genético. Pese a ello, la identificación formal ocurrió hasta septiembre de 2024, prácticamente dos años después.
En su resolución, la Comisión señaló que la Fiscalía incurrió en una “deficiente investigación” al no dar seguimiento a solicitudes periciales, omitir el cruce de información entre áreas y desaprovechar datos que estaban disponibles incluso en plataformas institucionales de cuerpos no identificados.
La CEDH también advirtió que personal ministerial ignoró elementos relevantes para la búsqueda, como la coincidencia entre las prendas descritas en la denuncia de desaparición y las fotografías publicadas por la propia Fiscalía sobre cuerpos no identificados.
“... todo ese tiempo estuvo en poder de la institución investigadora”, señala la recomendación.
Además, sostiene que la falta de coordinación y las omisiones provocaron que la familia no pudiera localizar ni recuperar el cuerpo de la víctima durante más de dos años.
El organismo concluyó que se vulneró el derecho humano a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como el derecho a la identificación de personas fallecidas. Además, citó estándares internacionales que obligan al Estado a actuar con debida diligencia en casos de desaparición.
La recomendación fue dirigida a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y forma parte de las resoluciones emitidas por la CEDH durante el primer trimestre de 2026.
