CESP plantea medir qué tan lejos está Sinaloa de la estabilidad tras el estallido de la crisis de seguridad

A Sinaloa le es urgente recuperar condiciones de estabilidad tras la crisis de seguridad detonada en 2024 y que se mantiene con altos niveles de violencia e impunidad a más de un año, advirtió el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo.

Al presentar el estudio Ciudadanos Evaluando 2025, el organismo propuso una nueva forma de medir qué tan lejos está el Estado de esa estabilidad, a través de indicadores que permitan comparar la situación actual con los niveles previos al estallido de la crisis de violencia derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

Calderón Quevedo aclaró que el análisis no busca desacreditar los avances gubernamentales, sino ofrecer mayor claridad en medio del flujo de cifras oficiales.

Reconoció que durante 2025 hubo récord en operativos, decomisos y acciones policiales, pero sostuvo que estos esfuerzos no han logrado contener los delitos en niveles deseables.

“Volver a la estabilidad es lo urgente. La conciencia expresa de la no repetición fue uno de los principales aprendizajes de 2024, tras el estallido de la crisis de seguridad derivada de la escisión del Cártel de Sinaloa, los sinaloenses no queremos que la violencia se repita una y otra vez”, resaltó.

“¿Estamos mejor, igual o peor? Esa es la pregunta. Contar con referencias claras permite no solo entender la realidad, sino también exigir con precisión dónde debemos estar para poder evaluar con fundamento de avances o retrocesos”, señaló.

El estudio introduce conceptos como la “meta mínima exigible”, que establece el nivel al que deberían reducirse los delitos para considerar que se ha regresado a condiciones de estabilidad, es decir, a los registros previos a septiembre de 2024.

A partir de esta metodología, el CESP concluyó que la violencia en Sinaloa sigue desbordada de acuerdo a las cifras reportadas de enero a diciembre de 2025.

En ese período, indicó, delitos como homicidio doloso presentan una distancia de 228 por ciento respecto a esa meta; feminicidio, 200 por ciento; privación ilegal de la libertad, 116 por ciento; y robo de vehículo, cerca del 150 por ciento.

Estos datos, precisó, muestran que aunque en algunos casos puede haber ligeras reducciones, el Estado aún no alcanza niveles que permitan hablar de estabilidad.

“Tomando en cuenta los datos del 2025, está muy lejos de la estabilidad. En conjunto, los indicadores muestran que la entidad no ha recuperado condiciones previas a la crisis y que el sistema de seguridad sigue bajo alta presión”, explicó.

Otro de los hallazgos centrales es el nivel de impunidad, que en la mayoría de los delitos supera el 90 por ciento y en algunos casos alcanza el 100 por ciento .

Esta combinación, alto nivel delictivo y baja efectividad en la justicia, dijo, incrementa la presión sobre las instituciones y favorece la persistencia de la violencia.

El coordinador advirtió que Sinaloa enfrenta un escenario complejo, donde los delitos de alto impacto crecieron en 2025 en contraste con la tendencia nacional a la baja.

Además, el impacto no es solo estadístico sino que la percepción de inseguridad en Culiacán se ha mantenido cercana al 90 por ciento, reflejando una población que vive con incertidumbre constante.

En ese contexto, el estudio plantea que el primer paso no es resolver de fondo todas las causas, sino estabilizar la situación.

“El camino hacia la no repetición implica corregir las causas sociales, económicas, y políticas que permiten que la violencia criminal se genere y persista. Sin embargo, antes de intervenir de fondo, es necesario estabilizar al paciente, es decir, recuperar los niveles de seguridad que tenía Sinaloa antes de septiembre de 2024, cuando la crisis estalló”, señaló.

El documento advierte tres posibles escenarios si no se logra esa estabilización: una violencia permanente, ciclos intermitentes de crisis o una pérdida de capacidad de respuesta institucional.

Frente a ello, el CESP planteó una serie de recomendaciones, entre ellas fortalecer la procuración de justicia, reducir la impunidad, mejorar la coordinación entre autoridades y focalizar estrategias en municipios con mayor incidencia.

También propuso reforzar la prevención social de la violencia y atender de manera integral delitos como la desaparición de personas, que registraron niveles históricos en 2025.

Calderón Quevedo insistió en que la clave está en contar con métricas claras que permitan evaluar avances reales y no solo percepciones.

“Sin referencias claras, la incertidumbre se convierte en la única constante”, concluyó.