Ciudadanos y periodistas destacan uso del acceso a la información para el combate de la corrupción en la vida cotidiana
El ejercicio del derecho de acceso a la información ha permitido a ciudadanos y periodistas detectar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y presionar por mayor transparencia en Sinaloa, señalaron participantes durante el foro “Acceso a la información para la vida cotidiana; casos prácticos”, realizado en el Magno Auditorio del Parque Temático.
El encuentro formó parte del ciclo “Diálogos por el Derecho a Saber”, donde especialistas y ciudadanos compartieron experiencias sobre el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia para investigar temas de interés público.
Durante el panel, Jorge Guzmán Morales, ciudadano usuario de la plataforma, expuso un caso relacionado con presuntas irregularidades en apoyos destinados al fútbol americano en el Estado.
Explicó que, tras realizar solicitudes de información en las 32 entidades del País, detectaron que Sinaloa era uno de los estados con menor financiamiento para esta disciplina.
“Uno de los estados que menor recurso recibe es Sinaloa. En ese periodo recibió 64 mil 210 pesos, de los cuales únicamente la asociación recibió 2 mil pesos”, señaló.
Posteriormente, dijo, detectaron que el Instituto Sinaloense del Deporte reportaba recursos otorgados mediante solicitudes presuntamente firmadas por el entonces presidente de la asociación, cuyas firmas aseguró habrían sido falsificadas.
“Detectamos que en el ISDE ingresaron solicitudes con las firmas falsificadas del entonces presidente de la asociación y que les dieron esos recursos”, afirmó.
El caso fue difundido por medios de comunicación en 2021, lo que derivó en gestiones con autoridades estatales. Guzmán señaló que, como resultado del proceso, en 2024 se entregaron 250 uniformes a niños que practican fútbol americano en Mazatlán y Culiacán.
“Gracias a estas solicitudes en 2024 se entregaron 250 uniformes completos a niños de fútbol americano”, indicó.
Sin embargo, aseguró que hasta ahora no se han aplicado sanciones administrativas por las presuntas irregularidades detectadas.
“Hasta este momento el órgano interno de control ni las instancias de fiscalización y transparencia han emitido ninguna sanción para esos funcionarios”, dijo.
La periodista y activista Sheila Arias, integrante del Observatorio Ciudadano Mazatlán, relató cómo una revisión sistemática de actas del Comité de Adquisiciones permitió detectar en 2022 la adjudicación directa de un contrato por 400 millones de pesos para la compra de luminarias en Mazatlán.
“Nosotros encontramos un acta donde decía que habían adjudicado 400 millones de pesos para comprar 2 mil 139 luminarias”, explicó.
La revisión de documentos también permitió identificar un patrón de contratos previos otorgados a la misma empresa mediante adjudicación directa.
“Había cinco contratos antes del de 400 millones, todos por adjudicación directa”, señaló.
El caso fue denunciado ante la Auditoría Superior del Estado y generó un amplio debate público sobre el uso de recursos en el municipio.
“Si organizaciones y ciudadanos no estuvieran vigilantes, esa acta de adquisición nunca se hubiera encontrado”, afirmó.
Arias añadió que el caso tuvo repercusiones políticas y derivó en la apertura de espacios de mayor transparencia en el Ayuntamiento de Mazatlán, incluyendo micrositios donde actualmente se publica información sobre compras públicas y obra.
En el evento también participó Mayra Peñuelas Acuña, subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien destacó que el acceso a la información es una herramienta fundamental para investigadores, periodistas y ciudadanía.
“Somos vínculo para que se provean datos abiertos y confiables a investigadores, periodistas y a la sociedad en general”, expresó.
El foro fue moderado por Samuel Bonilla Núñez, capacitador y promotor del derecho de acceso a la información, y tuvo como objetivo difundir entre la ciudadanía la utilidad práctica de este derecho para vigilar el ejercicio del poder público, y contó con la participación de Raquel Zapién y Lucía Mimiaga, integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Este panel formó parte de una serie de ejercicios de divulgación sobre los beneficios de utilizar mecanismos de transparencia, en el marco de la próxima disolución de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en Sinaloa.
