Combatir el lavado de dinero y el armamentismo, pide el CESP para evitar jornadas violentas

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa emitió una serie de propuestas para que las jornadas violentas como las del 17 de octubre de 2019 y del 5 de enero de 2023, no se repitan en el estado.

Estas propuestas forman parte de la Agenda Mínima para la No Repetición, misma que contiene sugerencias dirigidas a las autoridades estatales en materia de seguridad, así como también al poder Legislativo y a la Fiscalía General del Estado.

La Agenda fue lanzada a un mes de los hechos de la jornada violenta del 5 de enero, jornada en la que fue detenido Ovidio Guzmán López y en la que se presentaron hechos violentos en todo Sinaloa tales como despojo de vehículos y cierre de vialidades por civiles armados.

La primera propuesta es que las autoridades estatales y municipales trabajen en el déficit del estado de fuerza que mantiene el estado.

“Hay un déficit cercano al 30 por ciento de elementos policiales. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la media de fuerza recomendada es de 300 agentes por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en la entidad contamos con una tasa de 213 por cada 100 mil habitantes. Consideramos que alcanzar esta meta es factible en el corto plazo”, puede leerse en el documento difundido por el CESP.

Otra propuesta es la de crear estrategias para debilitar la estructura bélica, financiera y logística de las organizaciones criminales.

La Agenda Mínima también propone la construcción de bases de operación de la policía estatal en Los Mochis y Ahome, así como consolidar el Servicio Profesional de Carrera Policial.

La Agenda Mínima también comprende propuestas específicas dirigidas a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y al Congreso local.

A la FGE se le pide: reducir la impunidad, fortalecimiento de Unidades Especializadas, y mejorar esquema de denuncias, que sea más rápido y sin contratiempos.

Al Congreso del Estado se le propone: elaborar un diagnóstico estratégico sobre factores de delito y que asigne recursos públicos en concordancia con sus resultados, asignar recursos para bases de la policía estatal en Ahome y Mazatlán, reforma a la Ley de Seguridad Pública en relación con el Servicio Profesional de Carrera Policial, crear el sistema de reintegración a la sociedad, y destinar presupuesto basado en diagnósticos para la construcción de por lo menos un nuevo centro penitenciario con condiciones y estándares de seguridad altos.

“Todas las propuestas de esta Agenda Mínima para la No Repetición deberán tener indicadores públicos para poder dar seguimiento a los resultados, así como para tomar decisiones de mejora”, se marca en el documento.