Con lona en el Congreso, sociedad civil exige juicio político contra Rocha Moya
Un grupo de ciudadanos, respaldados por la Diputada priista Paola Garate Valenzuela, instaló una lona y presentó ante el Congreso de Sinaloa una solicitud de juicio político contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Al instalar esta manta, Karla Montero, ex Diputada local y activista, señaló que buscan que el Mandatario sea investigado por presuntas irregularidades, entre ellas el supuesto robo de urnas y la presunta obtención ilegal de la elección de 2021, además de otros señalamientos relacionados con su administración.
Montero también pidió que se investiguen los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y que, de encontrarse responsabilidades, se proceda conforme a la ley.
“Que citen a una reunión extraordinaria para que voten si están a favor del juicio político o si están en contra. Vamos a ver quién está de parte del Gobernador acusado de narcoterrorismo y quien está de parte de la ciudadanía”, expresó.
En la jornada estuvo presente la Diputada Paola Garate Valenzuela, quien respaldó la iniciativa y destacó la participación de integrantes de la sociedad civil.
Comentó que lo que se necesita es un juicio político contra Rubén Rocha Moya para que las autoridades puedan realizar una investigación a fondo y determinar las posibles responsabilidades.
“Si es real que hay que pensar en Sinaloa, pues hay que hacer las cosas de fondo el juicio político, y luego la detención que ya lo ha pedido Estados Unidos, la detención de 10 funcionarios que dos ya llegaron por su propio pie, faltan los otros ocho, y que a lo mejor hay más, porque aunque no salgan en esa lista tienen que generarse investigaciones”, señaló.
Los participantes colocaron una lona simbólica con la solicitud de juicio político en las inmediaciones del Congreso del Estado y realizaron firmas como muestra de respaldo a la propuesta.
¿Qué es un juicio político?
Un juicio político es un procedimiento legal mediante el cual se busca determinar si un funcionario público incurrió en faltas graves o actos indebidos relacionados con el ejercicio de su cargo.
En términos sencillos: no es una sentencia penal ni significa que el funcionario ya sea culpable.
Es un proceso para investigar su actuación y, si se acredita responsabilidad, imponer sanciones que pueden incluir la destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos, dependiendo de la legislación aplicable.
