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Hechos violentos

Congreso de Sinaloa condena hechos violentos contra el Diputado Adolfo Beltrán; exige justicia

En el marco de las votaciones para elegir a la nueva dirigente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, el Diputado panista Adolfo Beltrán Corrales dijo ser víctima de actos intimidatorios

Haciendo un llamado a las autoridades para que hagan una investigación, el Congreso del Estado de Sinaloa condenó los hechos y exigió justicia ante los hechos violentos en contra del Diputado Adolfo Beltrán Corrales, coordinador del grupo parlamentario del PAN, que tuvieron lugar este domingo 19 de diciembre del presente año.

“El Congreso del Estado exige, de manera categórica, a la Fiscalía General del Estado y a las demás autoridades competentes en la investigación y persecución de los delitos, que esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables”, se posicionó el Poder Legislativo.

Los hechos se dieron en el marco de las elecciones por la nueva Dirigente estatal del Partido Acción Nacional, sin embargo, las autoridades del partido no han salido a compartir información y el legislador albiazul no ha dado entrevistas, solo se confirmó que era más de una persona la que había sido intimidada y que el Diputado estaba sano y salvo.

“Es totalmente inaceptable la violencia en cualquiera de sus tipos. Atentar contra un servidor público como lo es el caso de un Diputado, implica hacerlo también contra el Congreso del Estado y la sociedad a la que representa. Se trata de un agravio que se transforma en una afrenta contra la Institución”, comunicaron.

Al compartir el comunicado para reprobar los actos violentos contra militantes al ejercer su derecho a elegir a su dirigente, el Poder Legislativo extendió su solidaridad con Beltrán Corrales y a su familia.

“Considera que el Estado, a través de sus instituciones de procuración de justicia, tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, así como la persecución e investigación de los delitos y, por ende, el deber de generar las condiciones tanto jurídicas como estructurales que permitan inhibir cualquier conducta que signifique la amenaza, la perturbación o la privación del libre ejercicio de nuestros derechos”, se expuso.

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