Congreso de Sinaloa recibe iniciativas sobre delitos sexuales, seguridad en escuelas y tarifas preferentes
El Congreso del Estado dio lectura a tres iniciativas de reforma que abordan el endurecimiento de sanciones por delitos sexuales contra menores, la instalación obligatoria de tecnología de seguridad en escuelas públicas y la ampliación de tarifas preferenciales en el transporte público, durante su primera Sesión Ordinaria del año.
Una de las propuestas fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena y plantea modificar el artículo 187 del Código Penal del Estado para ampliar las agravantes en los delitos de violación equiparada, inseminación artificial ilegal y abuso sexual.
La iniciativa establece que se apliquen sanciones mayores cuando estos delitos sean cometidos por personas que, por razón de su empleo, función o encargo, tengan contacto directo o responsabilidades de atención, cuidado, supervisión o enseñanza de niñas, niños y adolescentes.
Además, se propone considerar como agravante que el agresor imparta enseñanza a la víctima.
En materia de seguridad pública, el Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 127 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de que la infraestructura tecnológica de seguridad sea de instalación, actualización y mantenimiento obligatorio en las escuelas públicas.
La propuesta se vincula con las atribuciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) y busca fortalecer la prevención y vigilancia en los planteles educativos.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PAN propuso reformas a la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa para incluir a las personas adultas mayores de 60 años dentro de los grupos con derecho a tarifa preferencial en el transporte público. Actualmente, este beneficio está contemplado para estudiantes y personas con discapacidad, por lo que la iniciativa busca ampliar el alcance del apoyo.
Las tres iniciativas fueron turnadas a una segunda lectura, como parte del proceso legislativo previo a su análisis en comisiones.
