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Transportes

Cuando lo exija el interés social, el Gobierno de Sinaloa prestaría servicio de transporte público, según la Ley de Movilidad

La legislación contempla una administración provisional del Gobierno del Estado y una definitiva de acuerdo a diversas circunstancias

Cuando lo exija el interés social, el Gobierno de Sinaloa podrá hacerse cargo de la prestación del servicio público de transporte, sujetándose a diversas disposiciones, detalla la actual Ley de Movilidad Sustentable de Sinaloa.

En la fracción 1 del artículo 137 la ley establece una serie de circunstancias respecto a que la administración del transporte público sea provisional, por ejemplo, cuando los concesionarios o permisionarios se nieguen a prestar el servicio o lo suspendan sin causa justificada, la población lo requiera por exceso de demanda o exista una alteración grave del orden y la paz social que impida u obstaculice la normal prestación del servicio.

“La intervención del Estado en estos casos, cesará cuando se reinicie y normalice la prestación del servicio; se otorguen concesiones o permisos que satisfagan la demanda; y se restablezca el orden y la paz social alterados, según corresponda”.

Asimismo, la fracción 2 del artículo señala que el Ejecutivo del Estado únicamente podrá hacerse cargo de manera definitiva del servicio público de transporte, cuando lo exija un interés social y no haya una concesión vigente.

En su artículo 104, fracción 12 se establece que el concesionario del transporte público tiene como obligación aceptar la intervención del Gobierno del Estado en la administración del servicio, en los casos en que el concesionario se niegue generalizada, sistemática o permanentemente a prestarlo, o exista una causa de utilidad pública.

Ingrid Citlalli Esquivel Medina, especialista en Planeación y Políticas Metropolitanas, indicó que a pesar de que el sistema de concesionarios es un esquema obsoleto, el Gobierno ha enfocado el sistema de transporte público a ese esquema por costumbre y cuestiones políticas, al ser gremios que tienen peso a través de los sindicatos y alianzas en procesos electorales.

En 2013, Esquivel Medina publicó la tesis “Justicia espacial y el transporte público” sobre los motivos por los que en 2007, durante la administración de Jesús Aguilar Padilla, no se llevó a cabo el proyecto de modernización del transporte público que dejaría atrás el sistema basado en concesionarios y permisionarios en Sinaloa, conocido de forma coloquial como metrobús.

“En lugar de estar compitiendo por la ganancia del transporte, como es en el modelo hombre-camión, lo que pasa acá es que ellos reciben una retribución proporcional a lo que generan, de esta manera se reducen mucho los costos del transporte pero también se mejora, y es el principal enfoque, la calidad del servicio al usuario”.

En entrevista, destacó que la conversación sobre este proyecto ha resurgido en diversas ocasiones, como con Jesús Estrada Ferreiro cuando fue Presidente Municipal de Culiacán; sin embargo, sigue sin implementarse.

“Parte de los hallazgos era que los mismos concesionarios señalaban que no estaban de acuerdo que hubiera una empresa operadora del recaudo, de la tarifa, y este siempre ha sido el asunto, no estaban de acuerdo en que una empresa tuviera la contabilización real de cuanto era la ganancia del transporte y que se repartiera de manera equitativa, más bien, ciertos concesionarios lo que querían era tener ese control y que no se supiera cuánto era lo que ganaban”.

El pasado 30 de julio, integrantes del Sindicato de Trabajadores de Servicio al Público del Transporte Urbano de Culiacán convocaron a una conferencia de prensa para exigir que el Gobierno del Estado intervenga para que los choferes de camión tengan un sueldo fijo y les respeten sus derechos laborales, debido a que acusan que hay concesionarios que no les garantizan sus prestaciones de ley.

Por otra parte, antes de que termine la 64 Legislatura, legisladores como la Diputada local Cinthia Valenzuela Langarica han señalado que uno de los pendientes de la agenda es armonizar la Ley de Movilidad Sustentable para que se ajuste a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; sin embargo, este ajuste no contempla cambios en el sistema de concesiones.