Cuestiona abogado el origen de las armas en Sinaloa más que las detenciones

Ante detenciones por armamentismo en Sinaloa, Julio Sergio Alvarado Andrade, Vicepresidente Nacional de la Alianza Mexicana de Abogados cuestionó el origen de las armas que circulan en el estado, investigación que le corresponde a la Fiscalía General del Estado.

Este lunes Noroeste presentó una investigación en la que se revela que de 38 de 42 procesos penales por portar armas de fuego sin permiso en 2023 obtuvieron como sentencia el trabajo comunitario.

De acuerdo a Alvarado Andrade, lejos de las resoluciones impartidas en el Poder Judicial el problema principalmente radica en que no se combate eficazmente la prevención del delito por parte de la Policía Estatal, la Policía Municipal.

En el caso de la FGE, explica, no siguen una investigación adecuada sobre el origen de las armas en el caso de las carpetas judicializadas por el ilícito ya que, no es suficiente aprehender a quien porta el armamento.

“Este sistema no podríamos entenderlo si no está asociado con el tema de la corrupción, si no está asociado con el tema de la impunidad cuando existen autoridades que no están haciendo la parte que les corresponde atacar el armamentismo”.

“Aquí, el ofendido es la sociedad en ese tipo de delitos ¿cómo (se puede actuar)? llevando a cabo una exacta investigación, porque no se reduce únicamente a que tenemos al individuo que la aportaba”, indicó.

“Eso le corresponde a la Fiscalía verdaderamente hacer una investigación seria de la aportación del arma de fuego, pues no, entonces porque no basta con detener al que le aporta y presentarlo entre los tribunales lo que tiene que hacer en el ámbito de su competencia es investigar cuál es el origen de esa pistola, de dónde la obtuvo”.

Ante esto, señaló que el sistema de justicia, implementado en Sinaloa desde el 2016, está dando resultado debido a que este tiene como objeto judicializar el menor número de casos posibles para evitar la saturación de las cárceles.

Esto, afirma, derivó en beneficios sobre las penas para quienes resultan imputados, que en algunos casos permite llevar su sentencia en libertad sin llegar a juicio (suspensión condicional) o reducir su condena al reconocer el hecho.

Pese a esto, no descartó que en el Poder Judicial existan deficiencias en la integración de las carpetas que deriven en la inadmisión de su judicialización.

“Porque hay también muchas carpetas de investigación que no se integran como se debería eso también genera que en ocasiones el Poder Judicial esas carpetas se rechaza y no la judicializa porque vienen carpetas de investigación integradas de manera deficiente. Ese es otro factor que incide también para que se llegue a sentencia con en muy poco a los casos”, advirtió.