Desbloqueo parcial de cuentas de Rocha no disipa dudas sobre acusaciones de EU: PAS
El desbloqueo de dos cuentas bancarias del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe estar sustentado en la aplicación de la ley, pero la incertidumbre que existe sobre los señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses continúa generando una crisis de gobernabilidad, consideró Robespierre Lizárraga Otero, dirigente del Partido Sinaloense.
Dijo desconocer los argumentos jurídicos que permitieron a Rocha Moya recuperar el acceso a dos cuentas que mantenía bloqueadas la Unidad de Inteligencia Financiera desde mayo, después de que el Gobierno estadounidense lo acusara, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de presuntos vínculos con Los Chapitos.
“Desconozco el instrumento legal que resolvió ni en los términos en que se planteó y no tenía conocimiento de qué y cuántas cuentas estaban, no tengo detalles del caso”, expresó.
Sin embargo, señaló que si la resolución corresponde a una aplicación justa del derecho, no tendría objeciones, aunque manifestó preocupación por la falta de definiciones de las autoridades respecto a las acusaciones que se hicieron públicas en Estados Unidos.
“Pero a mí sí me preocupa la incertidumbre y falta de determinación de las autoridades respecto a ese tema que ha generado una grave crisis administrativa, de gobernabilidad, de seguridad, de economía, de todo”, manifestó.
El desbloqueo se conoció el 12 de noviembre y corresponde a dos cuentas bancarias en las que Rocha Moya recibe tres pensiones: una de viudez del ISSSTE, otra por cesantía en edad avanzada del IMSS y una más por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La liberación ocurrió el 5 de noviembre, luego de que la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concediera una suspensión para que la UIF levantara el bloqueo sobre esos recursos. El resto de su patrimonio financiero permanece inmovilizado mientras continúa el procedimiento judicial.
Las cuentas habían sido bloqueadas en mayo, después de que el Departamento de Justicia estadounidense señalara a Rocha Moya y otros nueve personajes de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de apoyo político y sobornos.
Sobre ese escenario, Lizárraga Otero sostuvo que la falta de claridad institucional ha tenido consecuencias para el funcionamiento del estado.
“Las ausencias de los personajes que están señalados por el Gobierno de Estados Unidos no solamente han generado una crisis económica y de seguridad, es una crisis de gobernabilidad”, afirmó.
El dirigente del PAS pidió que las autoridades esclarezcan si los señalamientos contra los funcionarios son reales y ofrezcan certeza a la ciudadanía.
“Necesitamos y exigimos saber la verdad”, concluyó.
