Desde Congreso buscan castigar a policías o funcionarios que tomen y difundan imágenes de cadáveres
Los diputados del Congreso del Estado dieron primera lectura este jueves a cuatro iniciativas, entre las que destaca una que propone castigar a los funcionarios públicos que tomen y difundan fotografías o videos de personas heridas o fallecidas.
Se trata de la iniciativa de la Diputada Rita Fierro Reyes, de Morena, quien propone adicionar el artículo 277 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de protección a la “dignidad de las personas fallecidas”.
A diario, sobre todo en medio de esta crisis de inseguridad por la que atraviesa Sinaloa, es común observar en redes sociales fotografías o videos de cadáveres de personas que han sido objeto de algún hecho violento.
Además de las fotografías o videos que pueden tomar los testigos, también están los servidores públicos que son los primeros respondientes.
“Tiene por objeto tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por la indebida difusión de materiales audiovisuales, imágenes o videos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan”, señala la iniciativa.
Fierro Reyes ha propuesto que se aplique prisión de dos a seis años y de 30 a 35 días multa, a la persona servidora pública que fuera de los supuestos autorizados por la ley, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, comparta imágenes o videos de cadáveres de personas o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier domicilio público o privado.
Esta como las otras iniciativas ya fueron turnadas a la segunda lectura.
Hay otra iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que regula la Prevención y el control de las Adicciones en el Estado de Sinaloa.
Esta propone verificar el cumplimiento del programa de regulación para los centros de tratamiento y rehabilitación de drogas que operen sin registro, así como constatar que los centros autorizados mantengan su operación conforme a la normatividad aplicable.
Otra propuesta es que se incorpore a la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, como integrante del Consejo Sinaloense Contra las Adicciones, celebrar convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública, protección civil y con los municipios, para establecer protocolos preventivos y de respuesta, ante amenazas o hechos de violencia que comprometan la seguridad de los centros, con el fin de salvaguardar a las personas usuarias y al personal de los mismos.
Y también que los establecimientos que atienden personas adultas y menores de edad, deberán contar con protocolos diferenciados de atención, protocolos de seguridad y cumplimiento de estándares mínimos en materia de derechos humanos.
Otra iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI propone reformar el artículo 70 y adicionar un capítulo IV Bis al Título Octavo, denominado “Del Parlamento Abierto y la Participación Digital”, con los artículos 228 Bis, 228 Ter, 228 Quater y 228 Quinquies, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, con lo que busca garantizar la participación ciudadana en el proceso legislativo, sobre todo durante la etapa de dictaminación de las iniciativas de ley.
Para ello, se propone que las Comisiones Permanentes del Congreso habiliten mecanismos digitales de participación ciudadana que permitan la recepción, registro, análisis y visibilidad de las opiniones recibidas en el marco del proceso deliberativo.
Además se propone crear una plataforma digital institucional que permita a la ciudadanía conocer, opinar y dar seguimiento a las iniciativas legislativas en trámite, con el fin de fortalecer la transparencia, la deliberación pública y la participación ciudadana en los procesos parlamentarios.
Y la última iniciativa a la que se le dio la primera lectura es del Grupo Parlamentario del PAN, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en materia de salud mental, que busca otorgar atención especializada.
También pretende establecer medidas para que, en los servicios de salud, se prevengan, detecten y den seguimiento oportuno a los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes, con el fin de mantener o restablecer su bienestar integral.
