Desde Gobierno del Estado, hay simulación en combate a la corrupción, expone Iniciativa Sinaloa
Falta de voluntad de las autoridades para resolver las denuncias de la ciudadanía, es lo que la organización Iniciativa Sinaloa encontró en las instancias implicadas en atender las denuncias por posibles delitos relacionados con corrupción, informaron la Directora Marlene León Fontes y Daniel Elizondo, titular de litigio estratégico.
La asociación civil presentó una demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación el 9 de diciembre de 2021, por lo que el Juzgado Cuarto de Distrito ordenó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas rendir un informe justificado, que se dio a conocer finalmente este miércoles, en donde la autoridad negó las omisiones.
“Desde Iniciativa Sinaloa si vemos una simulación, no solamente por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, sino por todo el Sistema Estatal Anticorrupción, vemos que los casos de corrupción cada vez son más los que se delatan en los propios medios de comunicación y las organizaciones y las autoridades no hacen nada por atraer los casos”, declaró León Fontes.
Tampoco se inician investigaciones anticorrupción por oficio, expuso la activista, siendo que fueron instancias creadas con buenas leyes que pide coordinación, investigación, sanciones y que se prevenga la corrupción, no esté funcionando. Actualmente ya hay dos pautas para anticipar que posiblemente vayan a retardar en resolver esta denuncia.
“El hecho de que ellos estén afirmando que no cuentan con un plazo que les exija dar cumplimiento a esta denuncia les abre la posibilidad de postergar en lo mayor posible una sanción”, informó la titular como la primer señal de que el retraso podría culminar en que no se investigue o que se alegue que no hay delito.

“De igual forma el tema de que Rocha Moya al inicio de su Gobierno mencionara que él no iba a atacar la corrupción de la administración pasada, ya son dos elementos que nos indican como va a actuar su Gobierno en materia de combate a la corrupción, lo cual es algo lamentable porque lo que esperaríamos es que fueran más ágiles y rápidos en dar respuestas a estas denuncias”, agregó.
Desde la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas no hubo acercamiento con la organización y la nueva administración, hasta que Iniciativa Sinaloa buscó a las autoridades y les presentaron una agenda mínima de combate a la corrupción, mencionando el interés de que se dé atención pronta a los hechos de corrupción que se detecten, las denuncias ya existentes y que haya reparación del daño cuando sea necesario.
De acuerdo con Elizondo, el no tener plazo concreto de cuánto dura una investigación es apegado, según la respuesta de la autoridad, a los recursos humanos con los que se cuente para integrar el expediente. Desde Iniciativa Sinaloa, expuso, se estará solicitando que se informen de los avances de la denuncia sobre Preecasin y el actuar de Ordaz Coppel.
En la organización señalaron que el actuar de las autoridades puede ser motivo para que la ciudadanía no denuncie posibles delitos relacionados con corrupción, ya que lejos de mostrar voluntad para resolver los casos específicos, ponen trabas y dan largas a los procesos para que pueda sancionarse un acto de corrupción.

Antecedentes
La organización realizó un recuento de los hechos desde que salió la investigación titulada Precasin, la caja negra del Gobierno de Sinaloa, el 11 de noviembre del 2019, donde se encontraron irregularidades en las contrataciones, por más de mil 227 millones de pesos, entre el 2017 y 2019, todo ello alejado de la mínima transparencia por la administración de Ordaz Coppel.
El 27 de febrero de 2020, Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa para que ésta investigara y deslindara responsabilidades por las irregularidades detectadas en la investigación periodística.
“La denuncia se presentó por la posible comisión de tres faltas administrativas graves: peculado, abuso de funciones y encubrimiento, artículos 53, 57 y 62, respectivamente, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa”, informó León.
Posteriormente, el 28 de abril de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en la que reconoció el interés jurídico de los denunciantes de actos de corrupción administrativa para acudir al juicio de amparo ante la inacción de la autoridad.
Mientras que el 9 de diciembre de 2021, en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, Iniciativa Sinaloa presentó un Juicio de Amparo Indirecto por omisión de la autoridad en la denuncia administrativa por faltas graves detectadas en la operación de Preecasin, la constructora de estado utilizada en el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
Hasta que el 20 de abril se notificó como respuesta a la organización que no hay plazos fijos para realizar la investigación de las denuncias, por lo tanto, señalando que no hay tal omisión