"El ataque que desnudó la descoordinación"
Todo inició en Bacacoragua, un pueblo en el que hay 10 casas y una escuela donde Conafe imparte clases de preescolar y primaria. Ahí un retén de militares trató de parar una camioneta donde según la versión del Ejército mexicano había personas armadas.
La camioneta no se paró y entonces los militares comenzaron a disparar. En la misma versión del Ejército, las personas también dispararon, pero de ese enfrentamiento sólo hubo personas civiles heridas. Una de ellas fue trasladada por una ambulancia de Cruz Roja a Culiacán, custodiada por camiones y camionetas militares.
Tres horas más tarde, aproximadamente a las 3:25 horas del 30 de septiembre de 2016, fue cuando la ambulancia y los militares llegaron a Culiacán, cruzaron por la zona norte, que da a la carretera México 15, pero un grupo armado los encontró y atacó para rescatar a esa persona. Ahí murieron cinco militares, otros 10 quedaron heridos, también hubo un paramédico herido y, al mismo tiempo, quedó al desnudo la descoordinación de las autoridades.
La guerra que no fue
"Durante el traslado, de manera cobarde y ventajosa nuestros soldados fueron emboscados por otro grupo no contabilizado de enfermos, insanos, bestias criminales con armas de alto calibre, incendiando dos vehículos militares, seres sin conciencia, que basan sus acciones en atemorizar a la gente de bien, que lucran envenenando con drogas a nuestros jóvenes y a nuestros niños", dijo el Secretario de la Defensa.
Días más tarde la Secretaría de la Defensa citó a medios de comunicación a la Novena Zona Militar, para dar un informe sobre decomisos y personas detenidas, con el argumento de que ello había sido por las investigaciones de la emboscada de ese 30 de septiembre.
El informe se dio en escasos 10 minutos, pero al final, ya fuera del foco oficial, una oficial de Sedena mostró una fotografía de una persona acostada en una camilla, a la que llamaron Juliio Óscar y apodaron "El Kevin" y al mismo tiempo acusaron de haber sido de ser él a quien rescataron, violando así su derecho de presunción de inocencia.
El foco de atención mediática se centró en esa persona y de inmediato surgieron versiones extraoficiales que al mismo tiempo fueron dadas por personal de la Defensa Nacional, que señalaban a "El Kevin" como alguien de bajo perfil pero con suficiente información sobre el llamado Cártel de Sinaloa.
Durante octubre siguieron los operativos de la Sedena y al mismo tiempo hubo distintos enfrentamientos, de los cuales sólo se hizo oficial la cifra de muertos y detenidos, así como la versión de que eran parte del mismo Cártel de Sinaloa relacionados con la emboscada.
Un cruento ataque se suscitó el 30 de octubre del año pasado, en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, donde tres personas fueron asesinadas extrajudicialmente y otras seis fueron detenidas, todas relacionadas con un grupo armado llamado "Los Antrax".
El informe final de la Defensa Nacional fue el que se detuvo a distintas personas por la emboscada, se hicieron decenas de decomisos y todo ello sería dispuesto a PGR para su proceso judicial.
Sin embargo, tres meses después, el Senado solicitó a través de un punto de acuerdo que se informe por qué aún no se tiene resuelto el problema de la emboscada, es decir, por qué no tienen a personas consignadas ante jueces por la muerte de los cinco militares, lo que al mismo tiempo contradice lo expuesto por la Sedena.
¿Por qué mataron a los militares?
Mientras hubo operativos, una pregunta quedó al aire: ¿por qué mataron a los militares?
El Senado solicitó a la Sedena y a la PGR quiénes fueron los culpables, pero ello no sólo se refiere, según el punto de acuerdo emitido el 13 de diciembre, a las personas que atacaron, sino a quienes debieron evitar que eso sucediera.
El Senador Manuel cárdenas Fonseca dijo que aún quedan lagunas que no se han resuelto, como la tardanza de aproximadamente 40 minutos para la atención del ataque, la posible filtración de información de parte de las autoridades, ya sea municipales, estatales o federales.
"¿Cómo se les ocurre pensar que en la Novena Zona Miliar y en la Tercera Región no estaban enterados?, ahí está el C4 y el señor de Gobernación dice que es el mejor del País, que está conectado en tiempo real con la zona militar, la PGR y la Marina", dijo.
"Cuando menos tienen fuga de información, cuando menos tienen la irresponsabilidad los del pelotón de moverse los de la zona, los que estaban adscritos y si se movieron y no avisaron también tienen responsabilidad".
En un inicio ninguna autoridad se hizo responsable, mientras la Alcaldía de Culiacán argumentó haber sido los primeros en llegar, el Gobierno de Sinaloa rechazó en distintas ocasiones haber sido responsables de la jurisdicción de esa zona.
En cambio, el Gobierno de Sinaloa se encausó a negar que se tardaron alrededor de 40 minutos en atender el hecho, mientras que los pobladores de la zona aseguraron estar seguros de ello era mentira.
Sin embargo, sin un pronunciamiento oficial de la Federación, el Ejército sitió la base de la Policía Ministerial en Culiacán. Sólo se dijo que eran revisiones de rutina, pero estas se rolongaron y de ello sólo se dijo de forma extraoficial que había personas detenidas que después solicitaron amparos.
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la PME, dijo que no era verdad, que todo ello era rumor, y que de ello sólo podría dar información la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, que dejó el tema fuera de su agenda pública.
En Culiacán y Mazatlán la psicosis, en Huixiopa los desplazados.
El operativo de un mes que se cuestionó en el Senado por falta de resultados dejó una huella: psicosis y desplazamientos.
La psicosis se generó en Culiacán y Mazatlán, donde los operativos y enfrentamientos crearon especulaciones como la posibilidad de un toque de queda, el cual fue desmentido por el gobierno de Sinaloa. También se crearon escenarios propicios en los que la población relacionó los hechos como sucedió durante 2008 y 2012, cuando se dio la llamada "guerra contra el narcotráfico".
El escenario más caótico se presentó el 7 de octubre del año pasado en Culiacán, cuando una persona que había llegado al Hospital Civil por heridas de bala, fue asesinada por un grupo armado, generando una movilización de las personas que estaban dentro del lugar, entre pacientes, familiares y personal médico.
Minutos más tarde llegaron militares, cuando ya habían cesado las detonaciones, y entonces las personas que estaban ahí volvieron a expresar miedo, vieron en ellos la posibilidad de un enfrentamiento.
Sin embargo, el problema más fuerte no se rpesentó en esas dos ciudades, sino en Huixiopa, Badiraguato, de donde se desplazaron alrededor de 300 familias, porque en ese lugar se instalaron militares y ocurrieron, de acuerdo con el Alcalde Mario Valenzuela, distintos enfrentamientos entre militares y civiles.
"Ya la situación está más tranquila, aún se ve presencia militar, no de base, pero sí hacen recorridos, ya está más tranquilo por allá", dijo el entonces Alcalde.
"Todo eso se dio por la invasión que se tuvo por otro grupo, el que atacó La Tuna, ahí empezó el problema fuerte".
Aprehensión, fuga y muerte
En febrero de 2017 se dio a conocer la captura de Francisco Javier Zazueta Rosales, "Pancho Chimal", quien fue detenido en el Fraccionamiento Acueducto, en la zona conocida como La Conquista, en Culiacán, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, en un operativo conjunto en el que también participaron agentes de la Procuraduría General de la República.
Zazueta Rosales sería el líder de una célula delictiva denominada "Los Chimales", se le señalaba como uno de los presuntos responsables de la emboscada a un convoy del Ejército, ocurrido el 30 de septiembre del 2016, y que dejó como saldo 5 militares muertos.
Pero, en marzo de este año, cinco reos considerados de alta peligrosidad y de "alto valor" para el Cártel de Sinaloa se fugaron ayer del Penal de Aguaruto, en Culiacán, entre ellos, "Pancho Chimal".
Los demás fugados son Juan José Esparragoza Monzón, “El Azulito”; Alfonso Limón Sánchez, “El Limón”; Jesús Peña Gonzalez, "El 20" y Rafael Guadalupe Felix Núñez, "Changuito Ántrax".
Esos reos, informó Cristóbal Castañeda Camarillo, Subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, eran de fuero federal, pero permanecían en el Penal de Culiacán porque tenían amparos para no ser trasladados a reclusorios de máxima seguridad, por lo que la investigación deberá ser tomada por la PGR.
