El fantasma de una comunidad que nos ve desde la región alta de Culiacán: el desalojo de desplazados en Montesierra
El fantasma de una comunidad improvisada fue visto en la periferia de Culiacán este martes. Allá, en el cerro, en un espacio desprendido de la vida urbana de la capital sinaloense.
Después del desalojo que se registró la noche del lunes 29 de diciembre el silencio permaneció suspendido entre los restos de lo que, hasta hace unos días, fue un asentamiento improvisado donde casi un centenar de personas intentó reconstruir algo parecido a un hogar.
En el predio del Ejido Gabriel Leyva, a un costado del fraccionamiento Montesierra, al norte de Culiacán, la vida se interrumpió de golpe y dejó huellas visibles: camas tendidas, mesas con platos a medio usar, ropa olvidada, cubetas, garrafones, juguetes y láminas retorcidas que hoy ya no protegen a nadie.
Aquí vivieron personas que llegaron a Culiacán desde Badiraguato, o de la misma zona rural de la sierra de la capital del estado, desplazados por la crisis de seguridad que enfrenta el estado desde septiembre de 2024 y que la autoridad no ha logrado contener.
Durante un recorrido por el lugar, lo que se observa es un terreno en proceso de limpieza y desmantelamiento, intervenido ahora por trabajadores de una empresa constructora. El predio pertenece a una inmobiliaria y, tras el desalojo de las familias desplazadas que lo ocupaban, la empresa inició labores para retirar las estructuras que habían sido levantadas sin autorización. Las viviendas improvisadas, hechas de madera, lámina y plásticos, están siendo reducidas a montones de palos y desechos.
El contraste es evidente. A unos metros, el fraccionamiento Montesierra conserva su trazo ordenado y sus viviendas formales. Dentro del predio, en cambio, lo que queda es una escena detenida en el tiempo. Hay colchones aún colocados sobre bases de madera, restos de alimentos sobre mesas sucias, utensilios de cocina abandonados y pertenencias personales que sugieren una salida precipitada. No hay personas, pero todo habla de ellas.
De acuerdo con lo observado durante el recorrido, en el terreno se habían instalado alrededor de 70 viviendas improvisadas. Algunas contaban con tomas irregulares de energía eléctrica, cables que cruzaban de un punto a otro y que indican que el asentamiento ya había alcanzado cierto grado de permanencia. No se trataba de una ocupación de unas horas o de un solo día. Las familias llevaban varias semanas viviendo ahí, organizándose como podían, levantando paredes frágiles para protegerse del sol y del frío nocturno.
La ocupación del predio comenzó el 14 de noviembre. Ese día, un grupo de personas llegó al lugar y empezó a delimitar lotes. Poco a poco fueron apareciendo las primeras estructuras, luego más, hasta que el terreno se llenó de construcciones improvisadas.
Según información oficial, en el sitio llegaron a concentrarse más de 100 familias provenientes de distintos puntos del estado, todas ellas en condición de desplazamiento forzado por la violencia en sus comunidades de origen.
Para muchas de esas personas, el predio representó una alternativa inmediata ante la falta de opciones. No había escrituras, ni servicios formales, ni certeza jurídica, pero sí un espacio donde instalarse mientras encontraban otra salida. Esa estancia, sin embargo, fue breve.
El lunes 29 de diciembre se llevó a cabo el desalojo. La acción ocurrió luego de que el propietario del terreno, una persona moral dedicada al desarrollo inmobiliario, presentara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La intervención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación de la FGE y de la Policía Estatal Preventiva.
Como parte de la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía informó que se realizaron diversas diligencias: revisiones oculares, registro fotográfico, dictámenes periciales y el cotejo de claves catastrales. Con estos procedimientos, la autoridad confirmó la propiedad legal del predio y procedió a la recuperación del terreno.
Tras el retiro de las familias, el sitio quedó vacío, pero no limpio. El desmantelamiento comenzó casi de inmediato. Trabajadores de la constructora recorren el predio retirando lo que queda de las viviendas improvisadas. Cada estructura que cae deja al descubierto el rastro de quienes vivieron ahí: una cobija doblada, una olla ennegrecida, una silla rota, verduras sobre una mesa dispuestas a convertirlas en la cena. Objetos cotidianos que ahora ya no tienen dueño visible.
El seguimiento del caso fue asumido por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa. El Gobierno del Estado informó que desde el 25 de diciembre fue habilitado el Gimnasio de Usos Múltiples “María del Rosario Espinoza”, en Culiacán, como albergue temporal para las personas desplazadas. Ahí fueron canalizadas las familias tras el desalojo, en espera de una solución más duradera. Pero el anuncio de este espacio se registró un mes después de los primeros reportes del asentamiento.
En Montesierra, mientras tanto, el terreno vuelve a su condición original: un espacio despejado, listo para ser limpiado por completo. La vida que se instaló ahí durante poco más de un mes se desvanece con cada golpe de martillo y cada lámina retirada. Lo que queda es la evidencia material de un desplazamiento que no termina con un desalojo y de una crisis que sigue empujando a familias enteras a ocupar cualquier espacio disponible, aunque sea de forma temporal.
El predio ya no está habitado, pero las huellas permanecen. Son marcas silenciosas de una urgencia que no encontró lugar para quedarse.
EL DESPLAZAMIENTO EN SINALOA
Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Sinaloa ha sido una de las entidades más afectadas por el fenómeno de desplazamiento forzado por la violencia con 13 mil 983 personas desplazadas en un periodo de ocho años, de 2016 a 2024, debido a la violencia provocada por el crimen organizado.
La mayoría de los desplazamientos han ocurrido en zonas rurales afectadas por enfrentamientos armados, amenazas y reacomodos de poder entre facciones del crimen organizado. Durante el año 2024, la crisis de seguridad en Sinaloa provocó el desplazamiento forzado de 4 mil 480 personas, principalmente en municipios como Concordia, San Ignacio, Cosalá, Culiacán y Elota. La violencia atribuible a la delincuencia organizada ha sido el principal detonante de estos desplazamientos, aunque también ha habido casos provocados por la acción u omisión del Estado.
Según el informe “Travesías Forzadas, Desplazamiento Interno en México”, esta situación se debe a una dinámica sostenida de control territorial y presión sobre la población civil en regiones serranas con presencia estatal limitada.
