"En Sinaloa, con seis comunicadores asesinados en 15 años, se busca primera ley para proteger a periodistas y activistas"

CULIACÁN._ Para obligar al Estado a dar garantías al trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa, se presentó ante el Congreso local la primera iniciativa surgida desde la sociedad.

Se trata de la iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa.

El hecho ocurre después de 15 años de agresiones en contra de profesionales de los medios, destacando seis crímenes, entre los que se encuentran los de Gregorio Rodríguez, Humberto Millán y Javier Valdez.

El proyecto es resultado de foros, mesas de trabajo y conversatorios, en el cual confluyeron comunicadores de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave, abogados, activistas, defensores de derechos humanos.

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El documento que consta de 67 artículos y cinco transitorios recoge las expresiones de participantes en foros organizados por el propio Poder Legislativo.

Asimismo, de los conversatorios patrocinados por la organización internacional Iniciativa Global en Contra del Crimen Organizado Trasnacional y organizados por Iniciativa Sinaloa y la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio.

El texto fue presentado ante diputados de la 63 Legislatura por Ángeles Moreno, presidenta actual de la “7 de Junio”, quien destacó que es un proyecto “de avanzada”.

Y fue detallado por Alejandro Sicairos, hasta hace días dirigente de este organismo y coordinador de la propuesta.

El columnista destacó las condiciones de “desamparo” en que se encuentra esta labor profesional, sin garantías gubernamentales ni de las empresas.

A partir del asesinato de Valdez Cárdenas el 15 de mayo de 2017, resaltó, la situación empeoró para la actividad periodística.

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Desde entonces, afirmó, se echaron a andar algunos intentos oficiales, creando una unidad de protección, que quedó en papel.

La finalidad de la ley es la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en Sinaloa, así como garantizar el goce de condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo.

Dar este paso obligará al Gobierno del Estado a definir una política pública, hasta ahora inexistente, en la materia.

Así, toda agresión o amenaza a periodistas y personas defensoras de derechos humanos será atendida e investigada, de manera inmediata y oficiosa, por las autoridades correspondientes, se indica en el texto.

“Cuando la amenaza o agresión se dirijan a una mujer, tanto la atención como la investigación adoptarán un enfoque diferenciado y la perspectiva de género”, se subraya en el artículo 4.

Uno de los puntos medulares de la iniciativa es la creación de un Instituto para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa.

Los autores buscan que éste sea un organismo autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

“El Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas de defensoras de derechos humanos”, se especifica.

Y se plantea que, de ninguna manera, este sea un ente burocrático más, y que rinda cuentas ante el Congreso del Estado, entre otros puntos.

El documento fue recibido por una comisión de diputados, encabezados por Graciela Domínguez Nava, líder de la Junta de Coordinación Política quien aseguró será un “tema prioritario” para la Legislatura.

“Sinaloa necesita avanzar debido a que hay un retraso con respecto a otras entidades del país (en este tema), sobre todo porque se trata de proteger vidas, que es lo más valioso…”, destacó la líder de la Jucopo.

Presentes también los presidentes de comisiones vinculadas al tema. Angélica Díaz, de Derechos Humanos; Francisca Abelló, de Equidad y Género, y Gildardo Leyva, de Asuntos Indígenas.

En este esfuerzo se unieron también la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, que encabeza Leonel Aguirre Meza, y la gubernamental Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que preside Óscar Fidel González Mendívil.

En lo individual respaldan el documento el luchador social Óscar Loza Ochoa, y los periodistas Alejandro Sicairos, Raquel Zapién, Luis Alberto Díaz y Francisco Cuamea. Además, se anexan 54 firmas solidarias, de apoyo, todas de periodistas de diversos medios de difusión.