Endeudamiento del Gobierno de Sinaloa enciende alertas por cercanía de elecciones
El nuevo crédito por mil 100 millones de pesos autorizado al Gobierno de Sinaloa enciende alertas por el monto acumulado de deuda y por la cercanía del proceso electoral, consideró Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa.
La especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas señaló que, aunque el financiamiento cuenta con las autorizaciones correspondientes, existe una responsabilidad financiera del Gobierno estatal de explicar con precisión para qué serán utilizados los recursos y cuál será su impacto en las finanzas públicas.
“Lo preocupante es que estamos en la antesala de un proceso electoral”, señaló.
León Fontes cuestionó que el Gobierno estatal recurra nuevamente al endeudamiento en un contexto marcado por crisis de seguridad, económica, política y humanitaria, y consideró que la situación exige una mayor rendición de cuentas.
“Tenemos una administración que está contrayendo deuda en un contexto que no es nada favorable económicamente. Tenemos diversas crisis que no garantizan y no dan certidumbre de cómo van a ser solventadas”, expuso.
Consideró necesario que la Secretaría de Administración y Finanzas informe qué programas, compromisos, proveedores o conceptos serán financiados con los créditos contratados, además del calendario previsto para ejercer los recursos.
También planteó conocer con qué ingresos se pretende cubrir el último financiamiento de mil 100 millones de pesos, cuyo plazo de liquidación se extiende hasta el 31 de julio de 2027, así como el impacto que tendrá sobre la disponibilidad presupuestaria del siguiente ejercicio.
León Fontes sostuvo que la preocupación no se limita al monto de los préstamos, sino a la falta de información sobre su aplicación y a que, desde su perspectiva, el endeudamiento no se ha traducido en beneficios claramente identificables para la población.
“Lo más preocupante es que ni sabemos en qué lo van a gastar”, afirmó.
Además, llamó a las instancias fiscalizadoras a fortalecer la vigilancia sobre el ejercicio de estos recursos, entre ellas la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y los órganos internos de control.
“Deben de tener una labor muy fuerte en tema de vigilancia presupuestaria”, señaló.
Consideró que estas autoridades deberán verificar que los recursos derivados de los créditos sean ejercidos conforme a la normatividad y con transparencia, particularmente ante el contexto electoral y las condiciones financieras que enfrenta el Estado.
El Gobierno de Sinaloa, en apenas 17 meses, contrató créditos bancarios por un total de 5 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con la relación de préstamos y procesos competitivos, mientras que actualmente mantiene en proceso una nueva licitación para obtener hasta 700 millones de pesos adicionales.
De los financiamientos solicitados entre marzo de 2025 y agosto de 2026, ya fueron adjudicados, de los cuales tres corresponden a créditos simples con un plazo de 20 años, respaldados con porcentajes del Fondo General de Participaciones mediante el Fideicomiso Irrevocable.
