Enrique Inzunza desmiente que haya contactado a gobierno de EU para entregarse
Enrique Inzunza Cazárez, Senador de Morena por Sinaloa y parte de los funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos de favorecer al crimen organizado, desmintió la versión que circula sobre su presunto arresto o entrega.
El legislador señaló que se deslinda de las imputaciones que se le han formulado y asegura que no ha contratado a un abogado.
“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, publicó vía X.
“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”
Inzunza Cázarez agregó que atenderá los señalamientos que se le han presentado conforme lo mandaten las autoridades mexicanas.
“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, estableció.
“Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”.
Los rumores alrededor del Senador tomaron fuerza en el contexto de las detenciones previas de otros funcionarios del círculo cercano al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido el 11 de mayo en Arizona y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con la recepción de sobornos a cambio de facilitar operaciones criminales y advertir sobre operativos policiales.
Reportes en redes sociales señalaban que Inzunza Cázarez podría ser el siguiente en entregarse a las autoridades estadounidenses en San Diego, California.
El legislador es uno de los 10 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses acusados el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión bajo el sistema judicial estadounidense.
A diferencia de Rocha Moya y del Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, Inzunza Cázarez es el único de los tres principales señalados que no ha pedido licencia para separarse de su cargo, por lo que conserva el fuero constitucional.
El Senador también vinculó las acusaciones en su contra con su posicionamiento previo contra el presunto operativo conjunto entre la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la CIA.
La acusación del DOJ describe un presunto esquema de corrupción en el que funcionarios estatales habrían sido integrados a una “narconómina” operada por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, con Inzunza Cázarez como supuesto enlace entre los líderes criminales y el Gobernador Rocha Moya.
