Esta es la iniciativa en la que propone Gobierno de Sinaloa extinguir Comisión de Transparencia
El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de transparencia y acceso a la información pública, con el objetivo de armonizar el marco jurídico local con la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
La propuesta fue turnada al Poder Legislativo el 15 de diciembre de 2025 y plantea la reforma de los artículos 109 Bis B y 109 Bis D, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución estatal, para dar paso a un nuevo modelo institucional que prevé la extinción de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.
La iniciativa se sustenta en el decreto federal que reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, el cual establece la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como de los organismos garantes estatales, trasladando la responsabilidad de garantizar estos derechos a las contralorías o áreas homólogas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos.
De acuerdo con el proyecto, el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales continuará garantizándose conforme a los principios establecidos en el artículo 6 de la Constitución federal, y será ejercido bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
La reforma establece que los órganos encargados del control interno de los poderes del Estado y de los organismos autónomos serán competentes para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados, facultad que actualmente corresponde a la CEAIP.
En cuanto al régimen transitorio, el decreto propuesto señala que, una vez que entre en vigor la legislación secundaria correspondiente, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública se entenderá formalmente extinta. Para ello, el Congreso del Estado contará con un plazo máximo de 120 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto constitucional, para realizar las adecuaciones legales necesarias.
El proyecto también establece que los derechos laborales del personal de la CEAIP serán respetados conforme a la legislación aplicable, y que las personas servidoras públicas pasarán a formar parte de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno. Asimismo, los recursos humanos, inventarios, sistemas informáticos, padrones, registros y claves de acceso, incluidos aquellos con valor histórico, deberán ser transferidos dentro de los 20 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la legislación secundaria.
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado será la encargada de recibir el valor del inventario y la plantilla de plazas para realizar las acciones administrativas correspondientes.
En cumplimiento del artículo 136, fracción VII, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Unidad de Estudios Económicos y Financieros del Poder Legislativo emitió un análisis de impacto presupuestal, fechado también el 15 de diciembre de 2025, en el que concluye que la aprobación de la iniciativa no generará impacto económico adicional para las finanzas públicas estatales.
El análisis señala que no se prevé la creación de nuevas estructuras administrativas ni plazas adicionales, y que, al eliminarse un organismo autónomo, incluso podría generarse un ahorro de recursos públicos, los cuales podrían ser redireccionados a otros fines de carácter social.
La iniciativa fue firmada por el Gobernador Rubén Rocha Moya en el Palacio de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, el 15 de diciembre de 2025, y se encuentra en proceso de análisis y dictaminación por parte del Congreso del Estado de Sinaloa.
