Evalúa Ayuntamiento de Culiacán petición de indemnizar a afectados por ponchallantas
La Sindicatura de Procuración del Ayuntamiento de Culiacán evalúa la petición de la regidora del PRI Érika Sánchez Martínez referente a la posibilidad de indemnizar a automovilistas afectados por ‘ponchallantas’ en la ciudad.
Ana Miriam Ramos Villarreal, síndica procuradora, confirmó que la solicitud fue recibida por escrito y que actualmente se encuentra en revisión para determinar si es posible atenderla conforme al marco legal y presupuestal del municipio.
“Sí se está evaluando la posibilidad de ver si lo podemos atender, porque pues también a nosotros también nos regulan ciertas leyes o reglamentos que no nos permiten en este caso en sí, ponchallantas, porque es un daño ocasionado por mi tercero, no propiamente por el Ayuntamiento, pero igual se está evaluando la posibilidad para ver si estamos en posibilidades”, señaló.
Explicó que el Ayuntamiento cuenta con partidas para indemnizar daños cuando son resultado de omisiones municipales, como baches o la caída de árboles, pero no en el caso de los ‘ponchallantas’, ya que se trata de daños provocados por terceros.
Sin embargo, la funcionaria aclaró que la solicitud aún no ha sido descartada.
“Si existe partidas presupuestales para indemnizar cuando son daños ocasionados por omisiones o por ejemplo, de baches y esas cuestiones, en ‘ponchallantas’ pues son daños ocasionados por un tercero”, mencionó.
“Apenas se recibió el oficio, entonces... necesitamos sentarnos en las áreas correspondientes para ver de qué manera pudiéramos darles una respuesta, no es un sí ni es un no, todavía lo estamos evaluando”, aseguró.
Durante la sesión de Cabildo del 29 de septiembre, Sánchez Martínez propuso que el Ayuntamiento asuma responsabilidad civil por los daños derivados de la colocación de ponchallantas, al considerar que la falta de seguridad es un factor que ha permitido su proliferación.
La regidora priista planteó además que las sindicatura de Procuración puedan recibir y tramitar solicitudes de indemnización de los afectados.
Advirtió que esta práctica delictiva se ha vuelto frecuente en medio de la crisis de seguridad y afecta tanto la integridad de los conductores como su patrimonio.
Consideró que, aunque el Congreso del Estado ya tipificó este delito, el gobierno municipal debe complementarlo con acciones de apoyo directo a la ciudadanía.
