Exigen Frente de Defensa Laboral de Trabajadores de la UAS auditoría forense ante presunta opacidad financiera

El Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa manifestó su preocupación por la actual crisis financiera de la institución, señalando que la única vía para obtener certeza sobre el estado real de las finanzas es la realización de una auditoría forense que hasta ahora no se ha ejecutado.

Rubén Darío Rivera Montoya, integrante del grupo, informó que la administración central maneja los recursos de manera secreta, lo que genera sospechas sobre una estrategia para justificar la falta de las quincenas y primas vacacionales correspondientes a 2025 y 2026.

“Lo único que puede dar certeza de que tantos recursos tenemos, de que tantos recursos nos faltan es una auditoría forense que hasta el día de hoy no se ha realizado”, compartió Rivera Montoya.

Denunciaron que la falta de transparencia impide conocer el déficit presupuestario real y acusó a las autoridades universitarias de implementar tácticas para entorpecer la defensa legal de los trabajadores, como el retraso en la entrega de talones de pago.

Criticaron la movilización de dirigentes sindicales a la Ciudad de México, calificándola de innecesaria y señalando que estos no representan las bases, además de advertir que, de persistir el impago, se presentará una denuncia penal contra el rector y la administración.

También se destacó que la crisis está recayendo injustamente sobre los trabajadores, a quienes se les aplica un descuento salarial sin que se aclare el destino de ese dinero.

Asimismo, cuestionaron el uso de los recursos propios de la Universidad, como inscripciones y cobro de servicios, así como el gasto en flotillas de vehículos y nuevas contrataciones de tiempo completo que no cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública.

Mencionaron que los acuerdos previos con la subsecretaria de la SEP, parecen no haber rendido los frutos esperados, dejando a la institución en una situación de vulnerabilidad donde se depende de préstamos o adelantos de subsidios.

En el ámbito legal, Heriberto Arias informó que el proceso de amparos contra la denominada reingeniería administrativa sigue su curso, con un avance significativo tras resolverse conflictos de competencia entre tribunales, los cuales determinaron que el área laboral es la instancia adecuada.

Detalló que tan solo su grupo ha presentado cerca de 360 amparos, sumados a cientos más interpuestos en Los Mochis y Mazatlán por otros colectivos.

El frente de defensa sostiene que las modificaciones al sistema de pensiones, que implican un descuento del 20 por ciento, se pactaron desde inicios de año en convenios con el gobierno federal, pero no deberían aplicarse de forma retroactiva a quienes se rigen por el contrato colectivo de 2012.

“Lo que hasta hoy se está evidenciando es un mal manejo de los recursos públicos que recibe la Universidad y eso lo estamos pagando los trabajadores”, informó Heriberto Arias.

Los afectados aseguran que los jueces les han dado la razón en el fondo del asunto y advirtieron que están dispuestos a llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si los tribunales locales no resuelven la situación.