Exigen organismos civiles transparencia y justicia ambiental en la Bahía de Ohuira
Integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, junto con decenas de organizaciones sociales, colectivos ambientalistas y académicos, emitieron un pronunciamiento público para exigir gobernanza democrática, transparencia y rendición de cuentas frente al conflicto socioambiental en la Bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome.
A través de un documento fechado este 27 de octubre de 2026, los firmantes señalaron que las decisiones sobre bienes públicos estratégicos y el desarrollo territorial no pueden tomarse sin la participación de la comunidad, recordando la importancia ecológica de la zona como sitio Ramsar y la protección legal que otorga la Constitución al medio ambiente y a los territorios de pueblos originarios.
En el primer eje de su exigencia, las organizaciones demandaron información clara sobre las carpetas de investigación iniciadas por pescadores de las comunidades de Lázaro Cárdenas y Paredones ante la entonces delegación de la Procuraduría General de la República. Dichas indagatorias, identificadas con los números 973/2018 y 771/2023, involucran presuntas irregularidades y operaciones sobre terrenos federales y de bosque de manglar en la Bahía de Ohuira.
Asimismo, exigieron transparencia respecto a una denuncia popular interpuesta en 2023 (expediente PFPA/31.3/2C.28.2/00095-23) por la presunta ocupación de terrenos federales para una planta de amoniaco sin la concesión requerida, cuyas inspecciones por parte de la Profepa se encuentran detenidas debido a un juicio de amparo promovido por la empresa GPO (592/2024 VII), del cual acusan haber sido excluidos.
El pronunciamiento enfatiza la necesidad de respetar de manera irrestricta los derechos colectivos de las comunidades Yoreme-Mayo a su territorio, al agua y a una consulta previa, libre e informada.
Igualmente, exigieron garantías de protección para las personas defensoras del ambiente y del territorio, con el fin de evitar actos de hostigamiento o criminalización, en apego a los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Respecto a las mesas de diálogo instaladas en la región, la REDCA advirtió el riesgo de que estas se conviertan en mecanismos que únicamente busquen administrar el descontento social sin incidencia real, por lo que exigieron que los acuerdos y convenios sean públicos y cuenten con indicadores de cumplimiento.
En materia de ordenamiento territorial, los firmantes urgieron al Ayuntamiento de Ahome y al Gobierno del Estado a iniciar de manera inmediata la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), integrando a la ciudadanía y acatando las directrices de alta vulnerabilidad establecidas para la Bahía de Ohuira en el ordenamiento marino del Golfo de California.
El documento está respaldado por organismos como Iniciativa Sinaloa A.C., la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, el Consejo Ciudadano de Ecología del Estado de Sinaloa, la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo 21, el Colectivo Mayo-Yoreme Autónomo, entre otras decenas de asociaciones civiles, colectivos de observación de aves y activistas de Sinaloa y el país.
