Falta de rendición de cuentas y riesgo al acceso a la información agravan crisis en Sinaloa: CPC del SNA

La crisis que enfrenta Sinaloa no se limita a los problemas de seguridad, sino que se extiende a la falta de justicia, al resarcimiento del daño a las víctimas y a la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos, advirtió Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante su participación en un análisis sobre la situación institucional del Estado, Pérez Morales señaló que existen víctimas no sólo de la violencia, sino también de posibles actos de corrupción, tanto en instituciones educativas como en el manejo de la propia crisis de seguridad, sin que hasta ahora se tenga claridad sobre el destino de los recursos públicos ni sobre los resultados obtenidos.

“En Sinaloa no sólo enfrentamos un problema de seguridad, sino también de falta de justicia y de resarcimiento del daño a las víctimas de la violencia, así como a las víctimas de posibles actos de corrupción”, expresó.

Indicó que no existe información clara sobre cuánto dinero se ha destinado para atender estas problemáticas, en qué se ha ejercido ni cuáles han sido los resultados tangibles para las personas afectadas por el crimen o por hechos de corrupción.

En este contexto, la presidenta del CPC advirtió que la posible desaparición del órgano garante de transparencia en el estado representa un riesgo adicional para el derecho de acceso a la información.

“En este contexto resulta preocupante la desaparición del Ceaip, que está a punto de extinguirse, ya que Sinaloa podría quedarse sin un órgano garante. La posibilidad que tenían las y los ciudadanos de saber qué estaba ocurriendo comienza a diluirse”, advirtió.

Pérez Morales señaló que esta situación no es aislada, sino que forma parte de un panorama nacional en el que los órganos garantes del acceso a la información han sido debilitados, lo que reduce las herramientas de vigilancia ciudadana y limita la rendición de cuentas.

Ante este escenario, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho a saber y a exigir que la autoridad que asuma las funciones de transparencia cumpla con los estándares mínimos establecidos en la ley, para evitar una mayor opacidad.

“Si antes sabíamos poco, ahora sabremos menos, y eso va en detrimento no sólo del manejo de los recursos públicos, sino de las personas que viven en Sinaloa”, señaló.

La presidenta del CPC subrayó que la falta de información pública y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas impacta directamente en la posibilidad de acceder a la justicia, de sancionar a quienes cometen irregularidades y de garantizar la no repetición de los hechos.

Pérez Morales hizo un llamado a las autoridades de los tres poderes del Estado para que rindan cuentas, aseguren que los derechos de la población no se vean vulnerados y garanticen procesos efectivos de justicia.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que rindan cuentas, garanticen el acceso a la justicia, la no repetición, el resarcimiento del daño y la recuperación del dinero robado, y que estos casos no se queden únicamente en sanciones menores”, expresó.

Las declaraciones se dan en un contexto de discusión pública sobre la transparencia, el combate a la corrupción y la eficacia de las instituciones encargadas de vigilar el uso de los recursos públicos en Sinaloa, en medio de una crisis de seguridad que continúa generando impactos sociales y económicos en la entidad.

A la par, en una de las últimas sesiones del 2025, el Congreso de Sinaloa aprobó la eliminación de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.