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Proceso

Hijo de Cuén logra diferir por quinta vez juicio por negociaciones ilícitas

Melesio Cuén Díaz revoca a los abogados públicos que le habían asignado para nombrar a su tercera defensa particular; Juez dicta un ultimátum y reprograma hasta el 6 de junio

El proceso penal contra Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del ex Rector de la UAS Cuén Ojeda, por presuntas negociaciones ilícitas, sigue sin comenzar debido al quinto diferimiento logrado por el ex funcionario de la UAS durante la mañana de este miércoles, ahora por el nombramiento de un nuevo abogado.

Melesio Cuén Díaz asistió a la audiencia por videoconferencia, y desde ahí informó al Juez Adán Alberto Salazar Gastélum la decisión de revocar a los defensores públicos que le asignaron, Ana Sánchez y Alfredo Osuna.

Según el escrito que envió el hijo de Cuén Ojeda, la decisión fue porque Ana Sánchez notificó que sería relevada para que ella se enfocara en otros asunto, a pesar del compromiso que hizo ante el Juez el pasado 13 de marzo, con el cual aseguró que en 15 días podría preparar la defensa.

Con ello, escogió a Benicio Edén Urquiza Amarillas para que le represente en el caso.

Salazar Gastélum apercibió el hecho de que sea el tercer nombramiento de abogados que realiza Cuén Díaz, pues aunque la Constitución respalda la libre elección de la defensa, hay una clara intención por dilatar el procedimiento.

Asimismo, expuso que otros derechos son perjudicados al hacer tantos cambios de abogado, como el derecho a la justicia y al debido proceso.

Advirtió que para la siguiente audiencia, programada para el 6 de junio a las 10:00 horas, no importará si el abogado particular no está listo, ya que notificarán a la defensoría pública para que se haga cargo del asunto en caso de necesitarle.

Por parte de Cuén Díaz, este es el tercer nombramiento de abogado: el primero lo hizo el 10 de octubre de 2023 cuando escogió a Julio Hernández y Nancy Solís; y el 7 de diciembre fue Milton Ayala Vega.

Los abogados públicos que tenía hasta ahora no los designó, sino que le fueron impuestos a causa de que Ayala Vega no asistió a la audiencia del 7 de febrero y declararon abandonada la defensa.

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