Hospitales, IPES, publicidad y otros temas cuestionan a Secretario de Finanzas de Sinaloa en comparecencia
Cuestionamientos sobre los estadios, hospitales, uso de aeronaves exclusivas del estado y el adeudo al IPES, fueron algunos temas de los abordados por las y los integrantes de la 64 Legislatura a Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y Finanzas con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno del Poder Ejecutivo.
“Los ingresos propios se estima que por el concepto de impuestos se obtendrían 2 mil 168 millones de pesos, representando un 2.6 por ciento, más de lo proyectado al mes de octubre del año pasado”, dijo el compareciente que resaltó que desde el 2018 se derogó el impuesto a la tenencia para apoyar a la ciudadanía.
El gasto total fue de 47 mil 473 millones de pesos de los cuales el 54.6 por ciento corresponde al gasto estatal y el 45.4 por ciento al gasto financiado con recursos federales.
En cuanto a la deuda pública de largo plazo, De la Vega Armenta detalló que la actual administración recibió como saldo 5 mil 872 millones de pesos y entregará la deuda en una cantidad de 5 mil 037 millones de pesos.
“En la venta de bienes, servicios y otros ingresos, se prevé ingresos por el orden de 84 millones de pesos, que representa una disminución de 18.8 por ciento respecto al 2020, esto debido a que en 2020 se presentó la venta de la casa de gobierno por el orden de 21 millones de pesos”, agregó.
Respecto a las participaciones federales, el Ramo 28, se pretende que se reciba en este año 20 mil 373 millones de pesos, 3.2 por ciento más que el año pasado y superiores a lo proyectado, además de que del Fondo General de Participaciones se obtengan 13 mil 750 millones de pesos, crecimiento en términos reales y en relación al Fondo municipal se estima 600 millones de pesos, con un aumento de 18 por ciento con el año pasado.
El evento fue dirigido por el Diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, quien señaló un aumento de impuestos, abundó en el Impuesto Sobre Nómina que pasó de 1.5 por ciento al 3 por ciento, considerando que esto es contrario a lo solicitado a nivel federal, agregando que desde la secretaría que De la Vega Armenta representa en la administración que termina, no mejoró la calidad de vida de las personas.
“Si hacemos números y un diagnóstico serio, ese incremento de 8.3 por ciento que se presume como un logro, en realidad representa un déficit en la recaudación de 544 millones de pesos, lo que me hace concluir, que ante una posible ineficiencia en la recaudación, la salida fácil fue aumentar los impuestos, contrario a los principios económicos de la actual administración federal, que promueve la Austeridad Republicana y el combate a la corrupción”, expuso el morenista.
En materia de deuda pública, Ibarra Ramos, recordó que la deuda pública a largo plazo es de 4 mil 316 millones de pesos, la cual representa aproximadamente un 8 por ciento del presupuesto, pero señaló que no se mencionan los más de 3 mil 134 millones de pesos, de pasivos de corto plazo sin fuente de pago, es decir, la deuda a los proveedores, que el gobierno contrató y se endeudó, sin tener recursos para pagar.
La Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, del PAS, denunció opacidad en el uso de recursos públicos y derroche de los mismos en imagen del Gobierno, además que consideró que el informe entregado al Poder Legislativo mantiene los datos del 2020 pero no información completa del 2021 o lo que va del año.
“Se realizaron otras obras que sin duda alguna son necesarias para la gente, específicamente en el área de la salud, pero ya para concluir este gobierno prácticamente se entregarán como elefantes blancos, el Hospital General de Mazatlán con un costo de 585.3 mdp, el Hospital General de Culiacán con una inversión de 671.3 mdp, Hospital Pediátrico de Sinaloa con un total de 475.5 mdp y el Centro de Salud Urbano de Culiacán con una inversión de 133.4 mdp”, observó.
“Pero a pesar de que se encuentran ya construidos, los sinaloenses no pueden gozar de estas instalaciones, dado que se encuentran prácticamente vacíos. Para poder equiparlos y que funcionen, según ha trascendido, se necesita de casi 589 millones de pesos para el Hospital General de Culiacán, para el Hospital Pediátrico 473 millones y el Centro de Salud Urbano 31 millones”, agregó.
Mientras que la legisladora Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI, destacó la aplicación de recursos en infraestructura, la cual impacta en mejoramiento social y económico del estado, en beneficio de la ciudadanía, además de mantener la captación de recursos propios durante la pandemia y destinar recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria en Sinaloa.
“Esta administración cuidó el no comprometer los recursos públicos de la hacienda estatal en perjuicio de futuras administraciones, queda constancia también de que se lograron mejorar los perfiles de las tasas de interés que originalmente fueron contratadas, lo cual se traduce necesariamente en la adquisición de un mayor margen de maniobra respecto al manejo de la carga financiera, la cual se advierte que ha sido adecuada y sin generar riesgos de carácter financiero en lo sucesivo”, dijo la priista.
El legislador panista Adolfo Beltrán Corrales enfatizó una falta de apoyo a empresas en la crisis de salud que trajo consigo una crisis económica, pidiendo conocer cómo se apoya a las personas que cerraron sus negocios y seguían pagando nómina.
El Diputado Pedro Alonso Villegas Lobo cuestionó sobre el destino del recurso público etiquetado por la 63 Legislatura con carácter de abono a pasivos anteriores del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, IPES, cuando la deuda permanece materialmente en las mismas condiciones del 2017, cuando era por mil 525 millones de pesos.
“Han llevado al Instituto de Pensiones a condiciones de quiebra que sólo se explica por el discrecional, oscuro e irresponsable ejercicio de los recursos, peor si se trata de aportaciones etiquetadas por la ley. El problema es mayúsculo, no sólo por el monto de la deuda acumulada al instituto, sino porque no se trata del único caso, cuando también está el Isssteesin con características similares, en el que por 45 años han desaparecido los recursos del magisterio estatal relacionados con su fondo de vivienda”, señaló el legislador.
Marco Antonio Zazueta Zazueta señaló que se violentó el Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera al señalar que los ingresos excedentes de la federación suman hasta el año anterior 18 mil 406 millones de pesos, es decir, seis veces el presupuesto del Ayuntamiento de Culiacán, no fueron aplicados ni para subsanar deuda pública, ni para amortizar deudas de los institutos de pensiones, ni para pagar adeudos de ejercicios fiscales anteriores , ni para aportar fondos por desastres naturales, como está establecido en esta Ley.