‘Inmensa mayoría’ de desapariciones en Sinaloa siguen sin avances para lograr esclarecerse: CEDH
CULIACÁN._ La mayoría de los casos de personas desaparecidas en Sinaloa no registra los avances que las familias esperan para lograr su esclarecimiento y alcanzar justicia, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Óscar Loza Ochoa explicó que la Comisión participa en una mesa permanente de trabajo en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de Sinaloa, donde brinda acompañamiento a madres y colectivos de búsqueda; sin embargo, reconoció que los resultados siguen siendo insuficientes.
“La inmensa mayoría de los casos no tienen el avance que todos deseáramos y que ayudara, obviamente, al esclarecimiento de los casos y a tener justicia plena sobre ellos”, expresó.
El ombudsman estatal señaló que, mientras se mantienen las mesas de trabajo para atender los casos existentes, continúan apareciendo nuevos reportes de desaparición, lo que refleja la dimensión de la problemática que enfrenta el estado.
Ante la falta de resultados, consideró necesario que el Estado mexicano asuma públicamente una postura para detener la práctica de la desaparición forzada y acompañe esa voluntad con medidas concretas.
“Yo siempre he planteado que el Estado mexicano, todo el aparato gubernamental en sus tres niveles, deben declarar su intención de parar lo que es la práctica de la desaparición forzada”, sostuvo.
El presidente de la CEDH consideró que el Gobierno debe deslindarse de cualquier participación de sus corporaciones en estos hechos, luego de que familiares han señalado presunta intervención de distintas corporaciones policiales e incluso de las fuerzas armadas.
De acuerdo con estimaciones basadas en los reportes de madres buscadoras y la información difundida por medios de comunicación, señaló que alrededor de 4 mil 200 personas habrían desaparecido en el estado durante los dos años de crisis de violencia sostenida derivada de una pugna interna del Cártel de Sinaloa.
Loza Ochoa insistió en que detener las desapariciones requiere una decisión expresa del Estado y acciones que permitan prevenir nuevos casos, esclarecer los existentes y garantizar justicia para las familias.
