Inseguridad en Sinaloa es el resultado de décadas de omisiones y análisis superficiales: CESP
El Consejo Estatal de Seguridad Pública informa que la actual crisis de inseguridad en Sinaloa es la consecuencia de décadas de omisiones y de un abordaje superficial por parte de las autoridades a la violencia.
Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CESP, compartió que se han dejado pasar momentos para realizar cambios profundos, limitándose a análisis que ignoran la complejidad de un fenómeno que involucra desde la cultura local hasta la influencia de organizaciones criminales con alcance internacional.
“Es un problema que tiene décadas y que hemos desaprovechado algunas oportunidades históricas para abordar de una manera profunda el fenómeno”, informó Calderón Quevedo.
También señaló que la estructura de seguridad pública y procuración de justicia en la entidad se encuentra en una situación crítica debido a la falta de inversión y personal.
Estimó que se requieren entre 8 mil y 10 mil millones de pesos para edificar un sistema local sólido, ya que actualmente la Fiscalía y las corporaciones policiales operan con un déficit severo de agentes, peritos y ministerios públicos.
“No podemos aspirar a un Sinaloa en paz si antes no tenemos justicia, y la justicia es responsabilidad fundamental de la Fiscalía y del poder judicial, del que poco se habla, pero que tiene una completa responsabilidad”, dijo.
Compartió que esta carencia ha provocado que el Estado dependa del apoyo de la federación ante la incapacidad de sus propias instituciones para dar salida a las carpetas de investigación que se acumulan cada semana.
El impacto social más doloroso se observa en los centros de internamiento para adolescentes, donde medio centenar de jóvenes enfrentan procesos por delitos graves como el homicidio.
Calderón Quevedo expresó que estos menores son vistos como el resultado directo de una crisis que los envolvió en un conflicto que no terminaban de comprender.
La preocupación radica en la ausencia de programas estatales efectivos que acompañen su reinserción, considerando que muchos recuperarán su libertad siendo aún muy jóvenes y cargando con el estigma de su pasado.
El entorno familiar, escolar y vecinal ha fallado en ofrecerles alternativas, rompiendo el mito de que el delito sólo atrae a quienes no tienen actividad académica o laboral.
El coordinador subrayó que en Sinaloa se ha pasado de la condena social a una especie de admiración hacia las figuras delictivas, fenómeno impulsado por modelos de éxito distorsionados que se consumen masivamente a través de plataformas digitales de música y video.
Esta popularidad de contenidos que ensalzan la violencia refleja un relajamiento en la aplicación de las normas y una sociedad que ha comenzado a validar conductas que antes se rechazaban.
Se requiere un equilibrio entre las obligaciones del Gobierno, que debe garantizar justicia a través del Poder Judicial y la Fiscalía, y la responsabilidad de la ciudadanía.
Agregó que padres, maestros y vecinos tienen un papel fundamental en la formación de ciudadanos que respeten la legalidad y rechacen la narcocultura.
Finalizó informando que las propuestas de mejora institucional a veces parecen esfuerzos aislados sin eco, la persistencia en el debate público se presenta como la única vía para que el problema sea atendido con la seriedad que amerita.
