Instituto de Protección condena ataque armado en Imala que puso en riesgo a periodistas
CULIACÁN._ El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa condenó públicamente los hechos violentos ocurridos este 14 de julio en la comunidad de El Pozo, sindicatura de Imala, donde periodistas de la fuente de seguridad que cubrían un evento informativo quedaron atrapados en fuego cruzado.
A través de un pronunciamiento, el organismo exigió una investigación a fondo, sanciones para los responsables y medidas urgentes de protección para los comunicadores afectados.
El Instituto calificó como grave la situación de inseguridad que enfrentan quienes ejercen el periodismo en el estado.
“Desde este Instituto, condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de periodistas y medios de comunicación”.
“Estos hechos ponen de manifiesto la grave situación de inseguridad que enfrentan quienes ejercen el periodismo en nuestra entidad. La labor de los periodistas es esencial para mantener informada a la población, promover la transparencia y fortalecer la democracia”, resaltó.
Los hechos ocurrieron en la sindicatura de Imala, al norte de Culiacán, cuando periodistas de diversos medios de comunicación se encontraban realizando labores de cobertura y quedaron expuestos a disparos con armas de fuego, en medio de un enfrentamiento entre civiles armados.
“Exigimos respeto irrestricto a la labor periodística en Sinaloa. La violencia no puede ser la respuesta a la actividad informativa y menos aun cuando pone en riesgo vidas humanas”, señaló.
El Instituto informó que, desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido, inició gestiones con autoridades de seguridad pública, dictó medidas de protección y realizó visitas a los tres medios afectados para ofrecer acompañamiento y apoyo integral.
Además llamó a las autoridades a garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en la entidad.
“La información es un derecho humano y un elemento esencial para la construcción de una sociedad más justa, informada y participativa. Solo mediante la protección efectiva de quienes ejercen el periodismo podremos fortalecer la democracia y avanzar hacia un estado más seguro y respetuoso de los derechos humanos, donde el ejercicio periodístico pueda realizarse sin temor ni riesgos”, concluyó.
