Inválida Teesin Asamblea Estatal del PAN en Sinaloa
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa revocó la resolución interna del Partido Acción Nacional mediante la cual se dio de baja a integrantes de su Consejo Estatal, tras determinar que se vulneraron sus derechos de audiencia y defensa.
Al resolver el juicio de la ciudadanía TESIN-JDP-22/2025, el Pleno del Tribunal, por unanimidad de votos, concluyó que la instancia partidista actuó de manera ilegal al remover a las y los promoventes sin seguir el procedimiento establecido en su propia normativa interna.
El proyecto señaló que, conforme a los criterios y precedentes en materia electoral, los actos y resoluciones de los partidos políticos son reparables cuando se acredita la violación al debido proceso, como ocurrió en este caso.
Derivado de ello, el Tribunal invalidó los resultados de la Asamblea Estatal en la que se eligió al Consejo Estatal del PAN y ordenó reponer el procedimiento sancionador, así como emitir una nueva convocatoria para celebrar una Asamblea Estatal que permita elegir a las personas que integrarán el Consejo Estatal de Sinaloa para el periodo 2025-2028, respetando las garantías legales de la militancia.
Debe Ayuntamiento de Sinaloa financiamiento público al PRI
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que el Ayuntamiento de Sinaloa de Leyva incurrió en omisión al no cubrir el financiamiento público municipal correspondiente al Partido Revolucionario Institucional en distintos ejercicios fiscales.
Al resolver un recurso de revisión, el Teesin declaró existente la falta de pago del financiamiento municipal de los años 2015, 2016 y 2020, de acuerdo con el informe presentado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.
En su resolución, el órgano jurisdiccional ordenó al Ayuntamiento cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago, atendiendo a su autonomía presupuestaria y a lo establecido en la normativa electoral vigente.
La determinación busca garantizar el acceso equitativo de los partidos políticos al financiamiento público municipal, al considerar que su incumplimiento vulnera los principios que rigen el sistema democrático y la legalidad en el ejercicio de los recursos públicos.
