Jesús Humberto hará huelga de hambre en Mazatlán por demora de siete años en demanda contra el IMSS

Después de casi una década de arrastrar las secuelas de un accidente laboral, gastar sus ahorros y acumular deudas, Jesús Humberto Pérez Nájar decidió que dejar de comer será su última forma de exigir justicia.

El próximo 9 de noviembre iniciará una huelga de hambre en el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, para reclamar una resolución al procedimiento que promovió en 2019 contra el Instituto Mexicano del Seguro Social.

A sus 64 años, Pérez Nájar asegura que ha acudido a distintas instancias gubernamentales y judiciales para solicitar que su caso avance.

También buscó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y viajó a la Ciudad de México para intentar exponer su situación ante el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, sin conseguir una respuesta que le diera certeza sobre cuándo concluirá el proceso.

“Yo quiero que mi caso se resuelva de ya, como para ayer, para hace años, de ya”, expresó.

El origen de su reclamo se remonta al 28 de abril de 2016, cuando trabajaba para una empresa en la instalación de cableado. Mientras realizaba sus labores en una vivienda, la escalera en la que se encontraba perdió el equilibrio. Al intentar sostenerse con la mano izquierda, cayó y se lesionó el hombro, con una ruptura de tendón.

Pérez Nájar relató que, aunque acudió al servicio médico, la lesión no fue detectada inicialmente. Ante la persistencia del dolor, pagó por su cuenta un ultrasonido en el Hospital Civil, donde le informaron que tenía un tendón roto. La cirugía llegó aproximadamente un año y medio después del accidente, periodo durante el cual continuó trabajando con dolor.

Tras la operación, el dolor constante disminuyó, pero quedó con secuelas que, afirma, limitaron la fuerza y la movilidad de su brazo. Estas dificultades afectaron su capacidad para realizar las tareas que exigía su empleo, que incluían subir escaleras y trabajar en altura.

Ante la valoración de las secuelas y su inconformidad con el porcentaje de incapacidad que le asignaron, Pérez Nájar inició un procedimiento para reclamar sus derechos.

En 2019 presentó una demanda contra el IMSS ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje correspondiente, en Culiacán.

El caso obtuvo un laudo favorable, pero, de acuerdo con el escrito que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución no contempló todas las prestaciones e indemnizaciones que considera que le correspondían por ley. Por ello, promovió un amparo directo que continúa sin resolverse.

En un escrito fechado el 9 de febrero de 2026 y dirigido a Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte, Pérez Nájar expuso su inconformidad por la demora y solicitó que su petición fuera turnada al Tribunal de Disciplina Judicial correspondiente.

En ese documento identificó el amparo directo con el expediente 761/2024 y señaló que lo promovió desde octubre de 2023.

También relató que el asunto fue enviado a un tribunal en Monterrey, donde se formó otro expediente, y cuestionó que el procedimiento continuara sin una respuesta definitiva.

“El abogado metió el amparo, que no tomó en cuenta, no me dijo sobre qué era ni nada... en el 2023, entonces, para ellos el expediente tiene dos años y son tres años”.

Según su testimonio, el tribunal que recibió el asunto en Monterrey se declaró incompetente y el expediente regresó de nuevo a Mazatlán.

Afirmó que acudió nuevamente ante autoridades judiciales para solicitar que se agilice la resolución, pero no obtuvo una fecha concreta para que concluya el procedimiento.

La incertidumbre se agravó después de que acudiera otra vez a Mazatlán para pedir que se acelerara el trámite.

Señaló que le explicaron que buscarían respetar el lugar que ocupaba su expediente antes de que fuera enviado a Monterrey, pero no le garantizaron que quedara resuelto antes de que termine el año.

Para Pérez Nájar, esperar más significa prolongar una situación económica y personal que considera insostenible.

Desde que dejó de trabajar, ha utilizado sus ahorros y los recursos de su Afore para cubrir sus gastos. Actualmente recibe una pensión, pero afirma que buena parte del dinero se destina a pagar préstamos y deudas acumuladas durante estos años.

“Estoy colapsado.. por todo lo que he pasado, por todo lo que he visto”, expresó al describir su estado actual.

También cuestionó la actuación de su abogado, Manuel Jesús Hernández Rojo, a quien reprocha la falta de información sobre el expediente y de documentos que le permitan conocer con claridad las actuaciones realizadas. Pérez Nájar considera que la demora y la falta de comunicación lo han dejado prácticamente solo frente al procedimiento.

“Llegué a la conclusión que él no me está atendiendo ni como un paciente, ni como cliente me está atendiendo como mercancía. Por eso es que a él no le afecta tanto”.

El hombre afirma que ha acudido a distintas autoridades en busca de ayuda, pero que habitualmente le responden que el Poder Judicial es autónomo y que no pueden intervenir en la resolución de su asunto. Esa respuesta, señala, lo llevó a buscar al ministro presidente de la Suprema Corte en la Ciudad de México, aunque no consiguió entrevistarse personalmente con él.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también tiene conocimiento de su inconformidad, de acuerdo con los documentos que mostró. Sin embargo, Pérez Nájar afirma que no ha obtenido el acompañamiento que esperaba para conseguir que las autoridades judiciales atiendan su reclamo.

Por ello, responsabiliza públicamente al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, al Magistrado Darío García Cedillo y a su abogado por las circunstancias que, sostiene, lo han llevado a tomar esta decisión de iniciar una huelga de hambre.

Su intención, afirma, es que las autoridades conozcan su situación y que su expediente reciba una resolución conforme a derecho.

Pérez Nájar aseguró que no se trata de un capricho, sino de una medida a la que recurrió después de agotar las vías que consideraba disponibles.

“No es capricho ni estoy jugando. La huelga la voy a efectuar porque es necesaria”, sostuvo.

Su exigencia, insistió, no es que las autoridades resuelvan a su favor sin considerar la ley, sino que dejen de aplazar una decisión que lleva años esperando.

Mientras se acerca la fecha que fijó para iniciar la protesta, dice, las deudas aumentan y su salud se deteriora, sin que tenga certeza de cuándo terminará el proceso que comenzó después de aquel accidente de trabajo.

“No es capricho lo que voy a hacer, me orillaron a esto”.