"Juan José Ríos Estavillo, el Fiscal que 'le tocó' a Sinaloa"

Juan José Ríos Estavillo llegó a la Fiscalía General de Justicia. Le alcanzó para convencer a 37 diputados locales que votaron uniforme por él.

Es un hombre conocido por su trayectoria en puestos alejados indirectamente de los juzgados, enfocados, en su mayoría, a la representación de la defensa de los derechos humanos.

El último puesto que tuvo relativo a la defensa de los derechos humanos fue el de asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y antes presidente de la Comisión estatal por ocho años y presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Desde esos trabajos se desprende su experiencia en el litigio de casos frente al Ministerio Público.

Entre los tres aspirantes a la Fiscalía que fueron analizados por el Congreso local, él tiene, junto a Julio César Romanillo Montoya, una amplia trayectoria académica, con grado de Doctor en Derecho Constitucional por la UNAM.

Sin embargo, esos títulos no han significado una contundencia en su trabajo.

 

Su etapa de ombudsman 

Ríos Estavillo tuvo a su cargo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde pudo emitir más de 500 recomendaciones. 

Esas recomendaciones tuvieron como principal receptor a la Procuraduría General de Justicia, misma entidad pública que prefirió no cumplirlas en su mayoría. 

La Ley Orgánica de la CEDH establece en el Artículo 16 que el presidente del organismo puede solicitar al Congreso local que llame a comparecer a los funcionarios que incumplen las recomendaciones, acción que en ocho años no hizo Ríos Estavillo. 

Esas recomendaciones de la CEDH revelaron que la Policía Ministerial y el Ministerio Público cometieron violaciones como detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura e incomunicación. 

De todas las recomendaciones, sólo dos tuvieron un proceso mayor, hasta llegar a promoverse denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Suprema Corte de Justicia. 

Esos dos casos fueron los de Yecenia Armenta Graciano y Juan Carlos Cristerna Fitch, dos víctimas de tortura.

 Además de esos casos, hubo otros 19 también por tortura, pero esos quedaron sólo en recomendaciones que no fueron cumplidas por las autoridades. 

Al mismo tiempo, esas recomendaciones terminaron como documentos resguardados en el organismo y en las casas de los familiares de las víctimas. 

En 2016, Noroeste documentó 11 casos de tortura, basados en recomendaciones de la CEDH en contra de la Policía Ministerial del Estado. 

Los familiares y las víctimas dijeron en entrevistas que después de que se emitieron las recomendaciones, no hubo un seguimiento, incluso, hay familiares que tienen miedo de que les pueda ocurrir alguna represalia, porque la CEDH no procedió a insistir protección o justicia. 

 

Los retos de la Fiscalía 

La elección de Ríos Estavillo como primer Fiscal General atrae consigo una serie de retos necesarios para el Estado. 

El primero es resolver los problemas internos que arrastra la Procuraduría General de Justicia que pasó a ser la Fiscalía General del Estado. 

Esos problemas internos son la falta de coordinación entre la Policía Ministerial y el Ministerio Público, que el 50 por ciento de los policías investigadores está reprobado en control y confianza, incluyendo a los mandos. 

También debe resolver y crear mecanismos de inteligencia para resolver los delitos, principalmente los de alto impacto como homicidios dolosos, robo de vehículos a mano armada, desapariciones forzadas y feminicidios. 

La impunidad en el estado supera el 88 por ciento en la suma de todos los delitos, que se da también por la falta de capacitación del personal en el nuevo sistema de justicia penal. 

Otro de los retos que se le atraviesan es que la Fiscalía que le tocó iniciará con una nueva faceta: tendrá una vicefiscalía anticorrupción, que ya trae consigo más de 70 denuncias penales que no han sido resueltas.

 

Será Fiscalía cosa muy distinta a la Procuraduría' 

En su primer posicionamiento como Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo anunció la renovación de la institución responsable de la procuración de justicia en Sinaloa. 

"Tenemos que concebir que la Fiscalía es otra cosa muy distinta a lo que ha venido haciendo la Procuraduría", definió tras rendir protesta ante diputados locales.

Señaló que llevará a esta institución pública al cumplimiento de los derechos humanos, la profesionalización del personal que ahí labora y a la rendición de cuentas.

La primera tarea a realizar, anticipó, es la realización de un diagnóstico de la Fiscalía en tres ejes. 

El primero de éstos será conocer los asuntos pendientes sobre el sistema penal inquisitivo o tradicional, explicó. 

El segunda será trabajar en torno al nuevo sistema de justicia acusatorio que ya se está aplicando en la entidad, y finalmente, generar dinámicas de participación con otros poderes y la sociedad. 

Con el marco legal que rige a la Fiscalía, detalló, ahora la relación con el Poder Legislativo será más activa. 

De manera paralela, indicó, hay vertientes de trabajo directo con los titulares de los poderes Ejecutivo, Judicial y demás órganos constitucionales autónomos. 

Ríos Estavillo fue enfático de que se tomará en cuenta la participación ciudadana, que es la que permite "legitimar los procesos de administración de justicia". 

"Bajo el diseño de la fiscalía, al ser un órgano autónomo constitucional, representa un compromiso inmediato con los sinaloenses", dijo. 

"La Fiscalía debe entrar a un proceso de renovación, de vinculación con la sociedad, y sobre todo la función de investigar científicamente los delitos", subrayó.