Jubilados de la UAS promueven más de 300 amparos contra reingeniería financiera

Más de 300 jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa han promovido amparos en contra de la reingeniería financiera que implica recortes a pensiones y prestaciones ya adquiridas, señaló Heriberto Arias, del Frente de Defensa de los Derechos Laborales.

Explicó que los recursos legales buscan frenar medidas como descuentos a las jubilaciones, la eliminación de prestaciones y la creación de un fideicomiso financiado con aportaciones de los propios trabajadores.

Detalló que muchos de estos amparos ya fueron admitidos por juzgados federales, otorgando suspensiones provisionales y, en algunos casos, definitivas, lo que representa un primer reconocimiento a sus reclamos.

Sin embargo, aclaró que, pese a estas resoluciones, la Universidad continúa aplicando los descuentos mientras impugna los fallos mediante recursos de revisión.

“Gran parte de ellos ya han sido admitidos y cuando se admiten se otorga la suspensión provisional. Algunos ya tienen resuelta la suspensión definitiva. Obvio que esto no termina ahí porque la Universidad sigue teniendo el derecho a presentar un recurso de revisión. Ya lo resuelto por el juzgado, por el tribunal, puede ser la instancia que lo resuelva y entonces tanto eso no se resuelva, el juicio sigue su curso”.

“La reingeniería la pueden hacer como quieran, pero no pueden afectar derechos ya adquiridos. Ese es el punto nodal del conflicto entre ellos y nosotros”, señaló.

Los inconformes sostienen que las medidas incluyen retenciones de hasta el 20 por ciento a jubilados, reducción de aguinaldos y eliminación de prestaciones como la prima vacacional, lo cual consideran una afectación directa a sus ingresos.

Además, cuestionaron la viabilidad del fideicomiso planteado por la Rectoría, al advertir que carece de aportaciones claras por parte de los gobiernos estatal y federal.

Arias agregó que organismos de derechos humanos han emitido opiniones en el sentido de que estos derechos no deben ser vulnerados.

“Junto a los amparos están dos opiniones de dos comisiones de derechos humanos que también coinciden en cuanto a que nuestro derecho como jubilado no debe ser vulnerado. 
Entonces, creemos que en términos de la legalidad, en la razón y el derecho nos asiste y esperemos que en su momento la universidad dé marcha atrás con esta acción ilegal en contra nuestra”, sentenció.