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Proceso

Juez separa del cargo a regidoras de Ahome ligadas a caso patrullas en Gobierno de Vargas Landeros

Ambas funcionarias integran el Comité de Adquisiciones, órgano encargado de avalar operaciones con recursos públicos del Ayuntamiento, por lo que patrimonio municipal corría riesgo, determina autoridad
22/07/2025 16:52

Un Juez de Control penal separó de sus funciones a dos regidoras del Ayuntamiento de Ahome ligadas al presunto arrendamiento irregular de patrullas, celebrado durante el Gobierno del Alcalde desaforado, Gerardo Vargas Landeros.

Las regidoras Judith Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela fueron suspendidas como representantes municipales a manera de medida cautelar, tras una audiencia especial realizada este 22 de julio.

El argumento expuesto por la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa es que ambas funcionarias integran el Comité de Adquisiciones, órgano encargado de avalar operaciones con recursos públicos del Ayuntamiento, por lo que patrimonio municipal corría riesgo.

El Juez avaló estos señalamientos y ordenó la inhabilitación del cargo para ambas regidoras durante lo que dure todo el proceso penal de la causa 1026/2025.

Ambas funcionarias suspendidas, junto con el Alcalde Desaforado, el ex Secretario del Ayuntamiento, ex Secretario de Seguridad Pública Municipal e integrantes del Comité de Adquisiciones en el trieno 2021-2024, fueron vinculados a proceso el pasado 8 de julio.

Al procesarlos, el Juez estableció como medidas cautelares la obligación de presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El procedimiento penal refiere a un presunto arrendamiento ilegal de patrullas pactado entre el Ayuntamiento de Ahome en diciembre del 2021 con la empresa Grinleasing S.A.P.I de C.V, en un acuerdo inicial de 126 vehículos rentados durante el trieno 2021-2024 por 171 millones de pesos.

Sin embargo, el contrato se modificó para disponer de 135 vehículos por 161 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome.

La Fiscalía Anticorrupción acusó que el acuerdo fue ilegal, ya que se adjudicó el contrato de manera directa a la particular, pese a que el monto del acuerdo requería un proceso de licitación pública, y al saltarse este proceso, estuvieron en riesgo las finanzas municipales.