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Opinión

La misión de transformar Sinaloa (II)

El reto es enorme y de largo aliento. Y lo es porque costará mucho abandonar la lógica del incrementalismo económico y presupuestario, así como romper los pactos tácitos y explícitos con grupos de poder, corporativismos y crimen organizado que se expresan en influyentismos, narcopolítica y narcocultura

Escribí la primera entrega de este artículo con el afán de provocar conversación y recibir ideas sobre cómo transformar Sinaloa para superar sus dos grandes inercias históricas: la mediocridad económica y la prevalencia de la inseguridad y el estigma narco.

Funcionó. Recibí comentarios de empresarios, activistas y políticos (hasta del Tercer Piso). Incluso estudios académicos. Unos más críticos que otros, pero en el fondo todos “sumándose” a la idea de buscar un cómo sí. Un camino diferente, disruptivo, que nos permita heredar un mejor estado a nuestros hijos.

El reto es enorme y de largo aliento. Y lo es porque costará mucho abandonar la lógica del incrementalismo económico y presupuestario, así como romper los pactos tácitos y explícitos con grupos de poder, corporativismos y crimen organizado que se expresan en influyentismos, narcopolítica y narcocultura.

Es difícil pero también posible. Por eso prometí, en esta entrega, revisar el Plan Estatal de Desarrollo (PED) del gobierno actual para comprender mejor la visión del gobernador y su equipo; y, sobre todo, descubrir si hay en ese plan una aspiración más ambiciosa para el estado que la administración del statu quo.

También dije que explicaría aquí los siete pilares que Mariana Mazzucato propone en Misión Economía (2021) para una metodología de misiones que produzca ese tipo de resultados extraordinarios.


El plan y las metas

El plan de Rocha tiene tres ejes: 1. Bienestar social sostenible, 2. Desarrollo económico y 3. Gobierno promotor de paz, seguridad, ética y eficiencia. Hasta ahí hay una gran coincidencia en el diagnóstico que planteé en el artículo anterior. Más allá de los detalles, el sueño es claro: construir un Sinaloa próspero y pacífico. Y no se puede uno sin lo otro.

Cada eje se divide en diferentes temas y para cada uno se propone una visión, luego unas políticas públicas y para cada política, una estrategia; al final se listan en una tabla una serie de indicadores que miden todo el tema. Cada indicador con una meta mínima y una óptima.

No lo abrumo con los 232 indicadores/metas propuestos sino que pongo el acento en 2 aspectos: ¿cuál es la ambición de la visión propuesta?, y ¿cuáles son los indicadores estratégicos? Es decir, aquellos que de conseguirse impactarían en un cambio profundo de nuestra realidad.


La visión y el ‘sentido social’

El Marco Estratégico del PED es amplio, casi exhaustivo. De modo que el eje 1, “Bienestar social sostenible”, incluye: innovación educativa con inclusión social, condiciones de salud, preservar el espacio público, medio ambiente sostenible, promoción de cultura física y deporte; así como igualdad, inclusión, vida libre de violencia para mujeres y grupos vulnerables.

El eje 2, “Desarrollo Económico”, pasa por agricultura y ganadería sostenibles, diversificación de sectores productivos, aprovechamiento de destinos turísticos, infraestructura y, por último, innovación e inversión en ciencia y tecnología

Por último, el eje 3, “Gobierno democrático promotor de paz, seguridad, ética y eficiencia”, trata de: gobernabilidad democrática, estado de derecho, paz y seguridad pública, instituciones eficaces, transparencia y rendición de cuentas, hacienda eficaz

Todo dentro de un modelo de gestión participativa y una Agenda Transversal que incluye los Enfoques de Desarrollo Sostenible y de Igualdad Sustantiva. Esa transversalidad me parece un gran acierto de modernidad y ya se percibe, sobre todo con la institucionalización formal de la Secretaría de las Mujeres.

El PED expone un diagnóstico sustentado y realista y tiene como marco moral los principios/valores generales que AMLO repite a diario. La visión se expresa en el “sentido social” que el Rocha ha definido como el sello de su gestión. Sin embargo, el problema no está en el diagnóstico, sino en que las metas planteadas se quedan cortas o poco claras ante la aspiración expresada en el discurso sobre una verdadera transformación.

Otro problema es que no queda claro cómo cada política o estrategia se correlaciona directamente con los indicadores estratégicos.


Las metas: prosperidad en la media y seguridad sin justicia

En materia de prosperidad llama la atención que en el indicador más relevante, el del PIB estatal, no exista ningún compromiso concreto y el planteamiento óptimo se reduzca a estar “por encima de la media nacional”. Precisamente en un contexto de estancamiento económico y alta inflación. Además, de acuerdo con los pronósticos del Banco Mundial, este sexenio cerrará con un crecimiento de apenas 1.5% del PIB en promedio.

Se persigue, por otro lado, una reducción marginal de la Pobreza Moderada de 25.6% de la población (2021) a 23.60% en el nivel óptimo. Destaca un salto relevante en Inversión Extranjera; tal vez porque ya hay mejor expectativa de las inversiones en Topolobampo. Otro aspecto destacable es el detalle en turismo, y dado el auge en Mazatlán, se plantea un crecimiento importante en cruceristas, habitaciones y hoteles de 5 estrellas.

En cuanto a seguridad, sorprende que el PED no incluya la Tasa de Homicidio Doloso como un indicador relevante, cuando se sabe que es el principal factor comparativo a nivel internacional en la materia y es el principal delito que ha sumido a Sinaloa en el estigma violento y el argumento recurrente para el “warning” estadunidense.

La buena noticia es que Sinaloa ha venido retrocediendo posiciones en materia de inseguridad desde 2017. Hemos salido del top 3 de violencia y actualmente ocupamos la posición 16 del Índice de Paz. Esto debido a dos factores, uno objetivo y otro relativo: el primero es que por primera vez en 12 años tenemos una tasa de homicidio inferior a la media nacional, y el segundo es que mientras Sinaloa reduce sus niveles de violencia visible, el resto del país se ha puesto más violento. Pero el estigma se mantiene.

Una pésima noticia es que la “mejora” en homicidios no considera a las personas desaparecidas, que ya son el doble de las asesinadas y de las cuales el 63% nunca aparece. De modo que los “buenos resultados” que se presumen en seguridad dejan fuera el hecho de que miles de personas son buscadas a diario por sus familias en fosas clandestinas desde Choix hasta Escuinapa. Así no hay paz posible.

Otra observación es que no hay una referencia precisa a los altos índices de impunidad del estado. Hay sí, en el eje 3, un indicador alusivo el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, pero de acuerdo con el estudio “Hallazgos 2021” de México Evalúa, el Índice de impunidad general de Sinaloa es de 87.3%, pero el de homicidio es 99.4%; y aunque este aspecto es responsabilidad directa de la Fiscalía, no se puede aspirar a cumplir el principio de que la “la paz es fruto de justicia” sin abatir esos niveles de manera sensible. Por lo que una “misión” clave para el estado será buscar cómo rediseñar el aparato de justicia penal estatal con acciones y presupuesto.

Celebro la inclusión de indicadores de seguridad alusivos a la construcción de una Policía Estatal que vaya de los 798 agentes actuales a 2,200 en 2027, bien pagados, capacitados y con garantías laborales. Una alternativa civil local a la militarización de la seguridad nacional que venimos viviendo desde 2006 y que AMLO ha exacerbado con apoyo del PRI.

En suma, el Plan diagnostica correctamente pero no alcanza a proponer, en los proyectos y los indicadores, nada más grande. La visión y el “sentido social” están ahí más como intención. Otro tema es, por cierto, ¿qué tan bien se ha comunicado?

Y creo que el problema es más profundo: para cambiar el estado Rocha tiene que cambiar al gobierno y la relación que éste tiene con otros actores. No solo desde la figura del Ejecutivo, la inclusión de cuadros jóvenes y preparados o de cierta pluralidad, sino desde el diseño del aparato burocrático más allá de la austeridad y el buen manejo de los recursos que, aunque siempre es útil y un requisito mínimo de gestión, no alcanza para conseguir éxitos verdaderamente transformadores.


Siete pilares y cinco competencias

Y ¿cómo tiene que ser un gobierno que aspire a definir misiones con ambición y estrategia? Mazzucato nos dice que la metodología de las misiones debe contar con siete pilares:

Primero, un nuevo planteamiento del valor y el proceso colectivo para crear. Que las empresas, el Gobierno y la sociedad civil creen valor juntos, sin que ninguno de esos actores quede relegado a hacer de vocero de los demás.

El segundo se refiere a los mercados y su conformación. Las misiones requieren que las políticas surjan en un marco diferente, que no traten de corregir los fallos de mercado, sino de “crearlos y conformarlos” de manera conjunta.

El tercero es sobre las organizaciones y el cambio: si lo que se persigue es un propósito común, eso requiere competencias relacionadas con la cooperación, no con la competencia. Algo que vale la pena recordar cuando vemos al gobierno y la iniciativa privada confrontarse por mantener presupuestos y cotos de poder.

El cuarto pilar trata del financiamiento y su consideración a largo plazo. Se trata de lograr que la economía trabaje en favor de los objetivos de la sociedad, en lugar de que la sociedad trabaje para la economía,

El sexto es sobre las asociaciones y el valor para las partes interesadas. Poner el acento en la creación colectiva de valor significa que la manera en que se diseñan las colaboraciones entre las empresas y el Gobierno es importante.

Y el séptimo tiene que ver con la participación y la creación conjunta: para la creación colectiva de valor debemos promover nuevas formas de participación en el proceso de creación, por medio de la recuperación del debate, el diálogo y la creación de consensos. Y eso requiere una actitud de apertura y tolerancia por parte de los gobernantes y una labor crítica por parte de las instituciones de contrapeso del ejecutivo: legislativo, judicial, sociedad civil y medios de comunicación

Construir estos siete pilares requiere competencias específicas del gobierno. Si las burocracias modernas quieren gestionar problemas complejos con éxito deben ser capaces de desarrollar, uno, Liderazgo y compromiso: disponer de competencias que fomenten la participación de abajo hacia arriba. Dos, Coordinación: la capacidad de encontrar combinaciones de políticas coherentes (instrumentos, proyectos y financiamiento) y competencias de coordinación es fundamental para el éxito de las políticas orientadas por misiones. Tres, Administración: las competencias administrativas tienen que beneficiarse de diversas experiencias y habilidades, de la ingeniería al diseño centrado en los humanos. Cuatro, Experimentación: los gobiernos modernos deben asumir riesgos, aceptar la incertidumbre y aprender mediante un proceso de prueba y error. Y por último, cinco: Evaluación dinámica: competencias de evaluación que no dependen de enfoques basados en fallas de mercado y que integran la experimentación y sitúan a los ciudadanos en el centro del proceso (como usuarios) para garantizar que el sistema es adecuado para ellos. ¿Tiene el gobierno de Sinaloa estas competencias?

Las políticas orientadas por misiones tienen una métrica clara: ¿se logró la misión?

Saber si en 2027 el gobierno de Rocha Moya habrá sentado en Sinaloa las bases de una transformación profunda implicaría responder que sí a una sola pregunta: ¿Es Sinaloa un estado sustancialmente más próspero y más pacífico que el de 2021?

A juzgar por las metas planteadas no lo será, o mejor dicho, no lo sabemos. Mucho bueno podrá haberse hecho o dejado de hacer, pero incluso cumpliendo el plan queda demasiada incertidumbre en medio: gobernar es un arte repleto de imponderables sujeto a la tensión entre la técnica y la política. Eliminar esa incertidumbre es imposible pero puede reducirse si se diseñan dos o tres misiones en dónde más importa y en las cuales enfocarse.

En la víspera de su primer informe, Rocha Moya sostiene su desconfianza a realizar “grandes obras” con el argumento de la corrupción, así como su prioridad de atender donde más se necesita. Yo creo que no son excluyentes y que tiene la oportunidad y la legitimidad para hacer las dos cosas: atreverse a soñar ese otro Sinaloa sin dejar a nadie atrás.

Pero el tiempo corre y no puede hacerlo solo. Por eso, en las siguientes entregas aplicaré la metodología de las misiones a tres temas fundamentales para transformar el estado: pacificación y justicia, innovación y desarrollo económico y educación.

P.D. Prometo tardarme menos.

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