Llaman a duplicar presupuesto de seguridad para Sinaloa

El presupuesto de seguridad para Sinaloa debe ser del doble para tener más posibilidades de enfrentar la actual crisis de violencia en la entidad, llamó ayer el empresario Alberto Coppel.

El director general del Grupo GC1, conglomerado de asociaciones ciudadanas en Culiacán, sostuvo este miércoles una reunión con representantes de medios de comunicación para socializar el tema del presupuesto para seguridad pública y justicia para el próximo año, actualmente en discusión, la cual estuvo encabezada también por el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

“Es muy obvia la situación que tenemos, es muy clara. Muy clara y muy grave”, expresó Coppel.

Consideró que tanto en los estados pacíficos como en los estados violentos, se observan presupuestos insuficientes.

“Estamos hablando que son 3 mil 472 (millones) que se aprobó para este año (2025)”.

“Creo que el aumento que hay que hacer es al doble, si se quiere estar en el promedio nacional”, dijo.

“Estamos hablando de casi 7 mil (millones)”.

Lamentó que hasta ahora no se observa una intención del Gobierno por aumentar el presupuesto para el próximo año, el cual se debe aprobar el mes próximo en el Congreso del Estado.

“Hasta ahorita no he visto ninguna declaración del Gobernador que diga: ‘lo voy a aumentar o voy a tratar de aumentar’. No ha habido ninguna declaración de ninguna institución”.

El empresario y el titular del CESP presentaron un documento con el objetivo de pugnar por un presupuesto estratégico para que el sistema de seguridad y justicia arroje mejores resultados para las y los sinaloenses.

En él plantean la evolución histórica del presupuesto estatal de 2017 a la fecha, la cual tuvo repuntes en 2018 y 2019, cuando llegó a 3 mil 110 y 3 mil 95 millones, respectivamente, pero luego cayó en 2020 a 2 mil 815 millones y hasta 2 mil 758 millones en 2021.

“En 2024 (3 mil 56 millones) y 2025 (3 mil 472 millones) se lograron incrementos visibles, pero éstos no compensan el rezago acumulado ni representan un impacto estructural para reducir la violencia o fortalecer las instituciones”, señala el análisis.

“El crecimiento del 13.6 por ciento en 2025 es positivo, pero parte de una base históricamente limitada”.

Observan un déficit acumulado en siete años que asciende a 4 mil 877 millones de pesos en el presupuesto de seguridad en el estado.

“Sinaloa está significativamente rezagada en inversión por habitante en seguridad pública, procuración de justicia y Poder Judicial en comparación con Chihuahua y Sonora”.

El documento señala que los impactos del desbalance presupuestal son en tres renglones: en la coordinación operativa, en la resolución de delitos y en la percepción ciudadana de mayor impunidad.

“Un sistema de seguridad que no se fortalece en todos sus eslabones se convierte en un sistema frágil e ineficiente”, advierte el análisis.

Si no se invierte estratégicamente, alerta, se mantendrá la fuerza operativa insuficiente, la investigación de delitos seguirá rebasada, el sistema judicial se congestionará más, aumenta la percepción de impunidad y se debilita la legitimidad institucional.

“Cada año que no se invierte con decisión en seguridad y justicia, el costo no se mide sólo en pesos, se mide en delitos no resueltos, en familias desprotegidas, en cuerpos policiacos agotados y en ciudadanos que dejan de confiar en sus instituciones”, señala el documento.

“La próxima discusión presupuestal es una oportunidad histórica para colocar a Sinaloa en una ruta de mayor paz, confianza ciudadana y desarrollo”.