Llegan a la política, pero sus comunidades no se sienten representadas en Sinaloa releva investigación

Mujeres, indígenas, jóvenes y personas de la diversidad sexual han conseguido más espacios en el Congreso y los ayuntamientos de Sinaloa, pero llegar a un cargo público no significa que sus comunidades se sientan representadas ni que sus propuestas sean tomadas en cuenta, encontró una investigación del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Los resultados forman parte del libro El fortalecimiento de la democracia a través de acciones afirmativas en Sinaloa, editado por el IEES y presentado por Luis Felipe Bernal Hernández y Blanca Yadira Villegas en el auditorio MIA este martes, durante la Feria Internacional del Libro de Culiacán.

El estudio documenta que, aunque existen medidas para que estos grupos históricamente excluidos tengan oportunidades de participar en la política, todavía enfrentan discriminación, simulaciones y obstáculos para incidir en las decisiones de los partidos políticos y las instituciones..

Para realizar la investigación participaron 16 especialistas que trabajaron en los 20 municipios del Estado.

Aplicaron una encuesta a más de mil 600 personas, además de entrevistas a profundidad y grupos focales con integrantes de los cinco grupos estudiados: mujeres, comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual, juventudes y personas con discapacidad.

Uno de los principales hallazgos es que tener representantes de determinados sectores en los espacios de poder no significa necesariamente que defiendan sus intereses.

Durante la presentación, Bernal Hernández explicó que las personas entrevistadas reconocieron avances en la apertura de espacios, pero también señalaron que todavía no se sienten completamente representadas.

“Desafortunadamente, el dato, las personas que están de alguna manera representadas por las mujeres, aquellas que están ya en el ejercicio de poder, señalan cómo tuvieron que prácticamente luchar, incluso mantener posturas muy fuertes, incluso hasta actitudes masculinizadas para que puedan ser tomadas en cuenta dentro de sus propios partidos políticos”, expuso sobre la participación de las mujeres.

Agregó que algunas de las propuestas que impulsan las funcionarias relacionadas con los derechos de las mujeres tampoco reciben el respaldo de sus propios partidos.

En el caso de las comunidades indígenas, el investigador señaló que, aunque ya existen personas de estos pueblos en cargos públicos, no necesariamente se sienten representadas por ellas, debido a las diferencias entre el sistema de partidos y las formas tradicionales de elegir liderazgos.

“Es muy bueno que tengamos ya personas de la comunidad indígena en el poder. Eso es formidable. Sin embargo, para las propias comunidades, sobre todo las comunidades nativas de Sinaloa, la llamada Mayo Yoreme, ellos no se sienten representados completamente”, explicó.

Añadió que una de las inconformidades es que las personas que llegan a esos espacios no siempre mantienen vínculos con las comunidades ni impulsan sus demandas.

Respecto a las personas de la diversidad sexual, Bernal Hernández expuso el caso de una diputación obtenida mediante una candidatura destinada a este grupo, cuya suplente manifestó posteriormente que no pertenecía a esa comunidad.

“Ahí encontramos una de las fallas y no tiene que ver con el instituto electoral e incluso voy a salvaguardar el partido político, sino tiene que ver con la honestidad del ciudadano”, señaló al referirse a las dificultades para garantizar que estos espacios sean ocupados por personas que efectivamente representen al sector.

La investigación también encontró que los jóvenes que llegan a cargos públicos enfrentan descalificaciones por su edad. Esta práctica, denominada adultocentrismo, consiste en minimizar sus opiniones o capacidades frente a las de las personas adultas.

El investigador explicó que algunos de los entrevistados relataron que, cuando presentan propuestas, sus compañeros adultos suelen responder con actitudes que minimizan sus intervenciones.

“Lo sigue viendo como el jovencito”, expuso al describir este tipo de prácticas.

Mientras que las personas con discapacidad enfrentan prejuicios sobre sus capacidades para desempeñar funciones públicas. El estudio advierte que los partidos políticos no tienen suficientemente definidos los espacios en los que deben postularlas, por lo que pueden colocarlas en posiciones donde tienen pocas posibilidades de obtener un cargo.

“Al momento de que un partido político tiene que decidir por darle, o incluso el ciudadano común, y hagamos aquí una reflexión sincera, de votar o no votar por una persona que tiene una discapacidad, la pensamos dos veces. Vamos a decir: ‘Oye, pero ¿y podrá?’”, cuestionó Bernal Hernández.

El investigador sostuvo que la democracia no se limita a permitir que las personas voten y sean votadas, sino que requiere garantizar que todos los sectores puedan participar en las decisiones públicas.

Por ello, consideró que la inclusión política sigue siendo un proceso inacabado, pues no basta con abrir espacios para estos grupos, sino que también deben existir condiciones para que sus integrantes puedan ejercer sus cargos, impulsar propuestas y representar las necesidades de sus comunidades.