Los $500 millones de la consulta pudieron usarse para hospitales ante la crisis por Covid-19: Coparmex

Los 500 millones de pesos utilizados para la consulta popular, a través de la que se le cuestionó a la ciudadanía si debían tomarse acciones contra los actores políticos del pasado, pudieron haberse utilizado para los hospitales que atienden el Covid-19, lamentó Guillermo Gastélum Bon Bustamante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa.

El empresario aclaró que él está a favor de las consultas populares como un ejercicio democrático, pero no con lo preguntado a la ciudadanía el domingo pasado.

“Estoy de acuerdo con el tipo de ejercicio, las consultas, más estoy en desacuerdo para lo que fue utilizada la consulta, es un ejercicio democrático, y vuelvo hacer énfasis, la ley no se consulta, se aplica, si tienen pruebas, de acusación, que lo hagan; yo creo que la ciudadanía estamos esperando resultados de nuestros gobernantes en cuanto a la aplicación de la ley”, expresó.

“Lo demás creo que se vuelve especulaciones sobre el motivo de lo que fue la consulta del domingo pasado...y claro, esos 500 millones de pesos alrededor, yo creo que hubieran sido mejor aprovechados en la atención de salud pública, que tanta falta nos hace, ahí hubiera sido un buen acierto”, añadió.

Bon Bustamante recalcó que si hay algo qué perseguir en contra de un político, deben hacerse los procedimientos correspondientes, y no someterse a una consulta.

“Expresamos nuestro total desacuerdo con el objeto de la consulta, ya que se está buscando que el resultado de ésta sea quien determine si se deberá o no aplicarse la ley, cuando en un Estado donde prevalece el Estado de Derecho la Ley se aplica, no se consulta”, subrayó.

Para el presidente de la Coparmex, el reflejo de la poca participación ciudadana el pasado domingo, solamente dice que la gente nunca estuvo de acuerdo con el ejercicio realizado de esa manera.

“Sobre el resultado de la muy baja participación que se dio en este ejercicio, poco más del 7 por ciento, consideramos entre otras cosas, que esto podría ser el reflejo del desacuerdo mayoritario de la población en el País sobre la discrecionalidad en la aplicación de la ley en México”, explicó.