Negocios entre balas: el crimen organizado también decide quién vende y a qué precio
En la nueva entrega de investigación de Data Cívica, Sinaloa encabeza el número de comercios o negocios locales atacados por el crimen organizado.
Pero la realidad a nivel nacional muestra algo más alarmante, nuestro estado, junto a Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz, encabeza la estadística de que 8 de cada 10 establecimientos agredidos son pequeños negocios.
La nueva sección del proyecto Votar Entre Balas de Data Cívica, fue presentada en una reunión virtual a través de redes sociales en la que participaron con Mónica Meltis, Sandra Ley y Carlos Puig, con Paola Berenzon como moderadora.
Una de las reflexiones compartidas es que la violencia criminal que golpea a los negocios en México no termina en la extorsión, sino que también define quién vende, a qué precios se cobra, a qué proveedores se compra y por qué rutas circulan las mercancías.
Esta investigación, según explicaron, busca hacer visible una dimensión de la inseguridad que suele quedar fuera de los registros oficiales: los ataques contra establecimientos comerciales y actividades productivas.
La base clasifica los hechos reportados públicamente por fecha, ubicación, sector y tipo de agresión, y aunque no es un censo riguroso sobre todas las amenazas, es una aproximación a la violencia que se sabe existe.
El dato central es que ocho de cada 10 negocios atacados son pequeños comercios, entre ellos tortillerías, tiendas de abarrotes, farmacias y refaccionarias.
“Ocho de cada diez negocios que son atacados son de este tipo”, señaló Meltis, directora Ejecutiva de Data Cívica.
.Sinaloa encabeza los registros con 65 ataques, equivalentes a 20 por ciento del total documentado; Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz completan el grupo de entidades que, junto con Sinaloa, reúnen casi la mitad de las agresiones.
En el ámbito municipal, Culiacán suma 48 ataques, aproximadamente uno de cada siete, seguido por Irapuato, Guanajuato.
La mayoría de los ataques se cometen mediante disparos, sin embargo, también hay incendios y explosiones que representan cerca del 40 por ciento de los casos.
La extorsión aparece en aproximadamente uno de cada cinco ataques registrados y el resto incluye agresiones destinadas a imponer condiciones, eliminar competidores o intimidar a productores.
Uno de los casos documentados ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, en donde siete florerías anunciaron que cerrarían o dejarían de vender flores, después de que grupos criminales les exigieran pagos y las obligaran a comprar mercancía a proveedores impuestos y a precios más altos.
“Deciden quién vende, a qué precio”, explicó Meltis.
El caso muestra que el control puede intervenir desde el abastecimiento hasta la venta al consumidor.
La realidad rural aparece en Buenavista, Apatzingán y Cotija, en Michoacán, donde la investigación documenta explosivos improvisados en huertas de limón y aguacate, con ataques que han resultado en muerte de jornaleros y de un productor.
La violencia, por tanto, no se limita a la tienda de la esquina, sino que altera cadenas productivas y puede modificar la vida económica de comunidades enteras.
En la presentación explicaron que la ausencia de registros en estados como Durango y Zacatecas tampoco significa que no existan amenazas, pues esta ausencia podría reflejar dinámicas de control que no requieren ataques visibles o una menor cobertura periodística.
El ángulo más noticioso es que el crimen organizado no solo busca extraer dinero, sino intervenir en decisiones que antes pertenecían a comerciantes, productores y consumidores.
“A quién hay que comprarle” y “por qué rutas se mueven las mercancías” son, en la descripción de Meltis, parte de ese poder económico y territorial.
La presentación también cuestiona que la seguridad se evalúe únicamente con homicidios. “La violencia del crimen organizado en México no se limita al cobro de extorsiones”, agregó.
Cerrar una tortillería, suspender una florería o atacar una huerta también transforma una comunidad, pues para los pequeños negocios, la vulnerabilidad es mayor, porque tienen menos recursos para contratar seguridad, absorber pérdidas o mantener cerrado el establecimiento.
