"OPINIÓN: Democracia en peligro: el ataque a medios de Sinaloa"

En Noroeste el ataque empezó el domingo 20 de septiembre. Nuestro portal comenzó a ponerse lento por la mañana y estuvo intermitente durante todo el día. Arrancó como un ataque “casero” y se fue sofisticando hasta llegar al punto en que el sitio se saturó completamente el lunes. Para entonces ya habíamos tomado algunas medidas habituales en este tipo de ataques cibernéticos; sin embargo, el martes resultaron insuficientes para contener la embestida.

Se denominan como ataques de denegación de servicio (DDoS) y buscan agotar los servidores de los sitios web para inhabilitar temporalmente a los medios de comunicación. El martes supimos que desde el 19 de septiembre otros medios como Revista Espejo, Reacción Informativa, Riodoce y Línea Directa, también habían sido objeto de ataques similares.

Según la información compartida por los cinco medios, todos experimentaron solicitudes de acceso inusualmente altas (entre miles y millones según cada caso) con peticiones que aparentaban provenir de la India, China, Rusia, EE.UU. y otros países de Europa oriental. Es muy difícil determinar un origen común del ataque, pues se usan “botnets” o computadoras “zombies”: una red informática que se controla remotamente para enviar contenido malicioso o realizar solicitudes masivas.

ARTICLE 19 documentó siete ataques de esta naturaleza en el primer semestre del 2020, la mayoría contra el portal Animal Político. Sin embargo, como señala su comunicado, “esta es la primera ocasión que se documentan ataques simultáneos contra cinco medios de una misma entidad federativa, y en un periodo de tan sólo 72 horas”.

El único patrón en común que tenemos hasta ahora es que los cinco medios se ubican en Sinaloa y, salvo el sitio de El Debate que afortunadamente no reportó ningún ataque, todos son medios locales que concentran buena parte del tráfico en línea del estado.

El tema se volvió nacional porque no es nada común un ataque simultáneo de esa escala. Se necesita dinero y ciertos recursos tecnológicos para realizar un ataque de ese tamaño y, sobre todo, de manera sostenida por tanto tiempo. Todavía ayer, Noroeste recibió un nuevo ataque que logramos contener.

¿Quién tiene los recursos, las capacidades técnicas y la maldad para realizar un ataque así en Sinaloa?, ¿con qué objetivo?, ¿qué clase de contenido pretendían acallar?

No puedo dejar de señalar el contexto preelectoral de Sinaloa y la lucha de fuerzas e intereses político-empresariales para estar en la boleta en el 2021. En ese contexto, el ataque simultáneo a los medios de Sinaloa lo único que hace es enrarecer el ambiente, agregar incertidumbre e infundir temor en el gremio periodístico y, de manera indirecta, también en los ciudadanos que ven afectado su derecho a saber y estar informados.

Para mí el ataque cibernético es un mensaje. Una señal que nos advierte que el próximo proceso electoral no estará libre de tentaciones de censura, golpes bajos y manos negras. El mensaje es para los medios que se atrevan a ser críticos y para todo aquel que aspire a participar y competir en las elecciones del 2021.

Tampoco hay que perder de vista que en la lucha político-electoral la ingenuidad no cabe y que siempre hay alguien dispuesto a rebasar los límites de la ética y los derechos de los demás con tal de acceder al poder. Le invertirán energía, tiempo y dinero a montones. Habrá que estar alertas y cuidarse mucho.

Por último, el ataque a los medios importa por el mensaje peligroso que manda, pero sobre todo por las consecuencias concretas del mismo: cientos de miles de personas dejaron de informarse durante los tres días que duró el ataque a las plataformas digitales de cada medio y eso pone en peligro nuestra vida democrática, aún cuando seguimos informando a través de redes sociales y plataformas tradicionales como la radio y el periódico impreso.

De cara al proceso electoral que viene en Sinaloa conviene recordar lo que señala Marta Peirano en su libro El enemigo conoce el sistema: “los derechos civiles son los que garantizan la participación de los ciudadanos en la vida pública de una democracia: el derecho a la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión y al secreto de las comunicaciones”.