PAS presenta iniciativa de Revocación de Mandato para Gobernador del Estado

Para fortalecer la democracia participativa que le da poder a los ciudadanos para poner, pero también quitar a los funcionarios que les gobiernan, el Partido Sinaloense presentó una iniciativa de ley de Revocación de Mandato en el Congreso de Sinaloa, para que se aplique al Gobernador del Estado y a quienes vengan a ostentar el cargo del Ejecutivo estatal.

La iniciativa reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de Sinaloa para reconocer el derecho y establecer las bases del procedimiento de Revocación de Mandato, fue presentada por las y los diputados del Partido Sinaloense, la ciudadana así como la Secretaria del PAS, Angélica Díaz Quiñónez, y su Dirigente, Víctor Antonio Corrales Burgueño.

En el documento se establece que al menos sea el 10 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores; cuando en la solicitud correspondan a por lo menos la mitad más uno de los municipios de la entidad y que representen, como mínimo, el diez por ciento de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional; El IEES será la autoridad encargada de llevar a cabo la organización desde el inicio hasta la conclusión, emitiendo el resultado de la Revocación de Mandato del titular del Ejecutivo estatal, los cuales podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral Local.

Para que el proceso de Revocación de Mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.

En el PAS aseguraron que el espíritu de las reformas y adiciones a la Constitución de Sinaloa son para en una mayor participación de los ciudadanos en los escenarios políticos, mejor organización de los órganos de Gobierno y reconocimiento de los derechos de los y las ciudadanas en las decisiones de los asuntos públicos.