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Política

Plantea Rosario Robles cambiar Gobierno de Sinaloa para romper pacto criminal y recuperar la paz

La ex funcionaria de la gestión de Enrique Peña Nieto, que permaneció tres años y ocho meses en prisión por el caso de la Estafa Maestra, estuvo este viernes en Culiacán
20/11/2026 16:14

La ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, consideró que Sinaloa necesita un cambio de Gobierno para recuperar la paz y romper lo que calificó como un pacto criminal entre autoridades y grupos delictivos, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener la movilización social y llevar sus exigencias a las urnas en las elecciones de 2027.

Durante un conversatorio sobre la construcción de la paz en Sinaloa, realizado en el Jardín Botánico de Culiacán, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sostuvo que la crisis de violencia que atraviesa la entidad no puede resolverse únicamente mediante el despliegue de policías, militares y elementos de la Guardia Nacional, sino que requiere voluntad política, instituciones confiables y un Gobierno comprometido con el Estado de derecho.

“Para mí hoy la paz en Sinaloa pasa por cambiar a su Gobierno. No hay de otra manera, porque lo que hemos visto a nivel nacional es que para hacerse del poder se pactó con esta oscuridad”, expresó.

Robles Berlanga planteó que las manifestaciones ciudadanas contra la violencia, las desapariciones y la impunidad deben convertirse en una fuerza política capaz de modificar las condiciones que enfrenta el estado.

Consideró que las protestas y exigencias de justicia que han realizado distintos sectores de la sociedad sinaloense representan una muestra de resistencia ante circunstancias adversas, pero advirtió que no serán suficientes si no se acompañan de participación electoral.

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“Si no combinamos la movilización social con nuestro voto en las urnas, de nada va a servir que nos expresemos. Si no participamos pensando en que cada voto es un voto por la paz, entonces no vamos a lograr hacer un cambio y romper con ese pacto criminal que se ha acelerado”, manifestó.

La ex funcionaria federal consideró que la ciudadanía debe utilizar el proceso electoral de 2027 para impulsar un cambio de rumbo en Sinaloa y sostuvo que la paz no puede reducirse a un concepto político o a una promesa gubernamental.

“Al final de cuentas no es un tema de discurso ni de narrativas, es poder salir a la calle con tranquilidad y sin miedo, el poder saber que nuestros hijos e hijas van a regresar a la casa, el poder ir a trabajar sin temor, el poder estar disfrutando del espacio público sin ser víctimas de una violencia”, expuso.


Cuestiona estrategia de seguridad y atención a víctimas

Rosario Robles Berlanga cuestionó los resultados de la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa, al señalar que, pese a los operativos y la presencia permanente de fuerzas federales, continúan registrándose homicidios, desapariciones y hechos de violencia.

Dijo que existe una distancia entre la narrativa de las autoridades y la realidad que enfrentan las familias, particularmente aquellas que buscan a personas desaparecidas.

“Si vamos a la narrativa oficial, esa que le da la espalda a las madres buscadoras, pues entonces no estamos realmente conociendo la verdad”, señaló.

La ex Secretaria de Estado también llamó a reconocer las consecuencias sociales que deja la violencia, especialmente entre las niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus padres o madres en el contexto de la confrontación criminal.

Cuestionó qué instituciones están atendiendo a los menores que han quedado en orfandad y advirtió que la falta de acompañamiento puede profundizar las condiciones de vulnerabilidad y exclusión.

“¿Cómo vamos a construir la paz si tenemos una generación de niños y niñas huérfanas de esta guerra? ¿Quién está viendo por estos niños y estas niñas? ¿Quién los está atendiendo, quién les está dando seguimiento?”, cuestionó.

Robles Berlanga consideró que estos menores necesitan atención gubernamental independientemente de las actividades a las que se dedicaban sus padres, pues su condición de niñas y niños debe colocarlos en el centro de las políticas públicas.

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Advirtió que el abandono, el resentimiento y la falta de pertenencia comunitaria pueden llevar a las nuevas generaciones a buscar espacios de integración en entornos relacionados con la violencia.

También se refirió a las oportunidades para los jóvenes y sostuvo que los programas de apoyo económico no son suficientes para alejarlos de las organizaciones criminales si no existen alternativas de educación, empleo y desarrollo.


Desconfianza en las instituciones y justicia selectiva

En el conversatorio, Robles Berlanga también cuestionó el funcionamiento de las instituciones encargadas de procurar justicia y sostuvo que la ciudadanía no puede recuperar la confianza mientras existan investigaciones selectivas, impunidad y autoridades que no respondan a los intereses de la sociedad.

Señaló que las fiscalías deben actuar con autonomía y que la aplicación de la ley debe ser igual para todas las personas, sin distinciones por su posición política o cercanía con quienes gobiernan.

“Un tema fundamental para poder recuperar la confianza en las instituciones es que estén al frente de ellas ciudadanos y ciudadanas verdaderamente honorables, comprometidas con algo muy elemental que se llama Estado de derecho”, afirmó.

Como ejemplo de la desconfianza ciudadana, mencionó que nueve de cada 10 víctimas de un delito no denuncian, de acuerdo con los indicadores de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, debido a la falta de confianza en las autoridades y a la expectativa de que sus casos no serán resueltos.

También cuestionó la reforma judicial y consideró que los cambios al Poder Judicial no solucionan por sí mismos las deficiencias del Ministerio Público y las fiscalías.

La ex funcionaria se pronunció en contra de que las Fuerzas Armadas concentren atribuciones que corresponden a instituciones civiles y sostuvo que la militarización no representa, por sí sola, una solución para recuperar la seguridad.

En el caso particular de Sinaloa, consideró que la reconstrucción de la confianza pasa por que quienes hayan sido responsables de llevar al estado a las condiciones actuales enfrenten la justicia.

“Para que le creamos al gobierno que realmente quiere construir la paz en Sinaloa, tendría que pasar porque rindan cuentas los que nos han llevado a este contexto”, expresó.

La visita de Rosario Robles a Culiacán ocurre después de una trayectoria política que la llevó a ocupar algunos de los cargos más relevantes de la administración pública federal y capitalina, pero también de atravesar uno de los procesos judiciales de mayor impacto político durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Economista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Robles Berlanga participó desde joven en movimientos estudiantiles y sindicales.

Fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática en 1989, Diputada federal y presidenta nacional de esa organización política.

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En 1999 asumió la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, después de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, con lo que se convirtió en la primera mujer en encabezar el Gobierno de la capital del País.

Posteriormente, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se incorporó al Gabinete federal como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, cargo que desempeñó entre 2012 y 2015. Después encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hasta el final de ese sexenio, en 2018.

Sin embargo, su paso por el Gobierno federal quedó marcado por el caso conocido como la Estafa Maestra, una investigación periodística que documentó un esquema de presuntos desvíos de recursos públicos mediante convenios entre dependencias federales, universidades públicas y empresas.

La Fiscalía General de la República la acusó por el presunto ejercicio indebido del servicio público, bajo el argumento de que habría omitido informar al entonces Presidente Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades detectadas en contratos y convenios durante su gestión al frente de Sedesol y Sedatu.

El 13 de agosto de 2019 fue detenida e ingresada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde permaneció 3 años y ocho meses en prisión preventiva, sin recibir una sentencia condenatoria.

Su encarcelamiento se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del debate sobre el uso de la prisión preventiva y la persecución de exfuncionarios de administraciones anteriores.

El 19 de agosto de 2022 abandonó el penal, luego de que un juez modificara la medida cautelar que la mantenía privada de la libertad y le permitiera continuar su proceso fuera de prisión.

En febrero de 2023, un juez federal determinó el sobreseimiento de la causa penal en su contra, al considerar que los hechos que se le atribuían debían resolverse por la vía administrativa y no penal.

La Auditoría Superior de la Federación intentó revertir esa resolución mediante recursos judiciales, pero en octubre de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo firme la determinación que cerró el proceso penal en su contra.

Tras recuperar su libertad, retomó su participación en el debate público, mediante entrevistas, colaboraciones en medios de comunicación, actividades políticas y participación en organizaciones ciudadanas.

El encuentro realizado en Culiacán reunió a representantes del priismo sinaloense y figuras políticas que han participado en distintos momentos de la vida pública del estado.

Entre los asistentes estuvieron la senadora Paloma Sánchez Ramos; César Emilio Gerardo Lugo, dirigente estatal del PRI; la Diputada Irma Moreno Ovalle, y Luis Guillermo Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán.

La presencia de Benítez Torres también destaca por los procedimientos judiciales que enfrentó después de dejar la Presidencia Municipal de Mazatlán.

En agosto de 2023, Benítez Torres y ex funcionarios municipales fueron vinculados a proceso por el presunto delito de desempeño irregular de la función pública en el caso de las luminarias colocadas en Mazatlán.